viernes, 25 de mayo de 2018

La brecha salarial entre España y la Unión Europea se amplía hasta el 18%

MADRID.- La retribución media española se estanca, mientras crece un 3,3% en Los 28. La brecha en salarios de los españoles frente al resto de europeos se amplía. En 2017, los españoles ganaron de media un 0,2% más que un año atrás, esto es, 1.639 euros al mes. En cambio, los europeos – con grandes diferencias entre ellos, incluso en la zona euro – ganaron de media un 3,3% más, es decir, 1.934 euros.

Las rentas salariales de europeos y españoles se distanciaron en 2,6 puntos el año pasado, según el informe elaborado por Adecco y Barceló Asociados, con referencia a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat, construyendo series homogéneas a partir de salarios por hora, en este último caso.
Aun así, España se sitúa en el grupo medio de países de la Unión Europea; esto es, de aquellos cuyos trabajadores se llevan a casa entre 1.000 y 2.500 euros brutos de media cada mes.
Las diferencias son enormes en el seno de la Unión. Al este, nada menos que diez países presentan un salario medio inferior a 1.000 euros. En el grupo medio, donde se encuentra España, los salarios oscilan entre los 1.000 y los 2.500 euros. Por último, el rico norte – más homogéneo – presenta rentas superiores a ese umbral.
La renta salarial media española supera en nueve veces a la búlgara. Pero es un 40% inferior a la germana y un 30% inferior a la francesa.
Con respecto a Portugal, los 1.640 euros españoles superan en un 60% a los escasos 1.020 euros portugueses. Aunque la diferencia entre ambas rentas se ha reducido 46 euros en un año.
En cambio, la brecha se amplía en perjuicio del salario medio español cuando hablamos de Francia. El salario medio galo aventaja en 717 euros mensuales al español; 104 euros más que un año atrás.

La brecha supera los 360 euros

En 2017, la diferencia entre el salario medio español y el europeo escaló hasta los 360 euros, frente a los 298 euros del año anterior.
España ocupa el puesto número 13 en cuanto al nivel salarial. Por encima se sitúan Dinamarca (3.807 euros); Luxemburgo, 3.228; Irlanda, 2,790; Holanda, 2.729; Finlandia, 2.724; Alemania, 2.719; Suecia, 2.710; Bélgica, 2.608; Austria, 2.504; Reino Unido, 2.371; Francia, 22.356; e Italia, 2.033.
Mientras que, por debajo de España, se colocan Chipre, con 1.291 euros; Malta, 1.265; Eslovenia, 1.190; Grecia, 1.023; Portugal, 1.017; Estona, 942; República Checa, 882; Eslovaquia, 845; Croacia, 824; Polonia, 768; Hungría, 686; Letonia, 619; Lituania, 566; Rumanía, 463; y Bulgaria, 407.
Así, pues, diez países de la Unión Europea presentan retribuciones inferiores a los mil euros mensuales.

Zona euro

Los contrastes, aunque menos violentos, se mantienen incluso en la zona euro. Las diferencias entre sus 19 integrantes oscilan entre los 3.228 euros de Luxemburgo y los 566 de Lituania.
En términos anuales, un alemán gana de media casi 13.000 euros más que un español. Y un francés, 860 euros.

Cajamar y Abanca compiten por la compra de Caixa Geral en España

MADRID.- El proceso de venta de Caixa Geral en España dio ayer un paso más, por lo que se espera que la operación se concrete en las próximas semanas, tras haberse iniciado su proyecto de subasta el pasado mes de marzo de la mano del banco de inversión Société Générale, según publica hoy Cinco Días.

El Gobierno portugués, dueño de Caixa Geral y por lo tanto de su filial española, aprobó ayer los pliegos de las ventas directas de las acciones de las instituciones financieras Mercantile Bank Holdings Limited, y de Banco Caixa Geral, propiedad de la Caja General de Depósitos (CGD) en Sudáfrica y España, respectivamente.
Estas ventas se producen como condición impuesta por Bruselas tras haber concedido ayudas públicas a la entidad lusa. La Comisión Europea, así, fijó a Caixa Geral un plan de venta de activos entre los que se encuentran sus filiales extranjeras, entre los que se encuentra el banco que tiene en España.
De momento, parece que cuatro bancos y tres fondos de inversión han mostrado su interés por Caixa Geral en España, aunque entre ellos destacan Grupo Cajamar, que ya han presentado oferta no vinculante, lo mismo que Abanca. Liberbank también estuvo interesado inicialmente en esta filial, pero no llegó a presentar oferta aunque fuese no vinculante. 
Bankinter, que ya adquirió el negocio de Barclays y sus 84 oficinas en Portugal en 2016, también recibió el cuaderno de venta de Caixa Geral, pero no llegó a analizarlo y lo desechó inmediatamente al no encajar en su negocio.
El francés Crédit Mutuel también analizó los números de Caixa Geral España, pero su apuesta por Evo Banco (también en venta) parece que ha enfriado cualquier posible interés por este banco con oficinas, sobre todo, en Galicia y Extremadura.
Abanca y Cajamar compiten con Lone Star (dueño de Novo Banco, que también adquirió en subasta al Estado luso) y otros fondos internacionales, como Cerberus o J.C. Flowers. Aunque, inicialmente, y según fuentes financieras, los dos bancos españoles parecen contar con más posibilidades que los fondos, “pero todo es cuestión de precio”, recalca esta misma fuente.
Ambas entidades tienen como objetivo dentro de sus planes estratégicos crecer con compras o con la apertura de más oficinas, pese a que la tendencia actual del mercado es la contraria.
Abanca, de hecho, compró el año pasado la financiera de consumo de Banco Popular y se ha impuesto en la puja por Deutsche Bank Portugal el pasado mes de marzo, y se hizo así con el negocio minorista del grupo alemán en el país luso. La entidad propiedad de Juan Carlos Escotet también está interesada en crecer con compras en Estados Unidos.
Grupo Cajamar, por su parte, tiene entre sus planes de 2018 a 2020 extender su mercado a Galicia y Extremadura, zonas que coinciden con el núcleo de Caixa Geral España. Si no consigue hacerse con este banco, que cuenta con ficha bancaria en España, esta cooperativa de crédito, cuya principal actividad es la financiación a pymes agroalimentarias, tiene la intención de abrir oficinas en estas comunidades autónomas.
Banco Caixa Geral tiene en el mercado español un total de 524 empleados y una red de 110 oficinas, distribuida principalmente en Cáceres, Badajoz, Pontevedra y Madrid.
Con datos al cierre del primer trimestre, el banco luso tiene en España un balance de 5.177 millones de euros y un volumen total de negocio gestionado de 7.598 millones, con una inversión gestionada por importe de 3.573 millones y unos recursos gestionados de 4.024 millones.
Sus fondos propios se sitúan en 514 millones de euros, cifra que sirve de referencia para su venta, ya que el que más se aproxime a esta cantidad será, previsiblemente, el que se adjudique el banco. Aunque expertos del sector aseguran que las ofertas serán bastante más bajas de 500 millones de euros.
Uno de los factores más atractivos de Caixa Geral es su ratio de morosidad, situado en el 3,07% a 31 de diciembre de 2017, muy por debajo de la media del sector en España. La entidad portuguesa ha conseguido reducirlo por tercer año consecutivo, hasta lograr uno de los indicadores de impagos más bajo del sistema financiero nacional.
Con la aprobación de la resolución de venta de esta entidad, el Gobierno luso concluye otro paso importante en la aplicación del calendario de los compromisos asumidos en el marco del plan estratégico de la CGD, subyacente al plan de recapitalización garantizado por el Estado.
Fuentes conocedoras del proceso de venta de esta firma bancaria aseguran que el objetivo es que en una o dos semanas se presenten las ofertas vinculantes y poco después, también en junio, se resuelva la subasta y se comunique la oferta ganadora, si al final convencen al Gobierno portugués. 

Otras claves de la operación

Condiciones. Ayer, el Ejecutivo luso dio luz verde al pliego de condiciones para la venta de la filial en Sudáfrica, Mercantile Bank Holdings Limited. La venta de Banco Caixa Geral está incluida en el plan estratégico de la CGD, bajo la recapitalización de la entidad que el Estado ejecutó en 2017, según recuerda el comunicado del Consejo de Ministros, que no detalla las condiciones recogidas en el pliego.

Siguiente paso. Será la selección de los interesados que pasarán a la próxima fase del proceso de venta.

Beneficios. Banco Caixa Geral anunció la semana pasada un beneficio neto de 26,38 millones de euros en 2017, un 3,8% más que un año antes, gracias a la mejora de los resultados de operaciones financieras ya que el margen de intereses cayó.

La banda pepera de ladrones y su jefe el Sobresueldos / Ramón Cotarelo *

Después de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gürtel, ¿qué más hace falta para que esta banda de ladrones y delincuentes que lleva siete años esquilmando el país, se entregue a la policía, reconozca sus crímenes y pague su deuda con la sociedad? ¿Qué más se precisa para obligar a M. Rajoy (a) "El Sobresueldos" a dimitir tras quedar acreditada la caja B del partido que preside y con cargo a la cual cobraba sobresueldos o se hacía pagar los viajes, por mentir presuntamente en sede judicial, por llevar al país a la ruina mientras estos granujas se enriquecían, y por destrozar la convivencia en el Estado, encarcelando a personas inocentes por sus ideas?

¿Qué más se necesita para librar al país de esta pandilla de sinvergüenzas, de los 5 ministros investigados y los seis presidentes de CCAA procesados? Y eso sin contar las decenas, centenares de cargos públicos menores que llevan otros tantos años robando a manos llenas; sin contar la chulería de un Hernando, el renegrido fascismo de una Cospedal; la densa estupidez de un Zoido; el necio señoritismo de un Méndez de Vigo, etc. Y así hasta la saciedad.

Sí, ¿qué más se necesita para que esta colección de facinerosos, embusteros y mangantes finalmente desaparezca de la vida pública? ¿Qué más para que hagan lo que en cualquier país del mundo habrían hecho ya cien veces: dimitir? ¿Por qué han de seguir los españoles soportando los balbuceos de un truhán que no ha hecho más que daño a la ciudadanía?

Preguntas retóricas. En principio no haría falta nada más. Bastaría con lo visto hasta ahora, la reciente detención del malhechor ex-ministro Zaplana y sus ayudantes, los Cotino, para que esta pesadilla se acabara a través de una moción de censura que pusiera fin a esta vergüenza de un gobierno en minoría parlamentaria que gobierna como si tuviera la mayoría gracias a una oposición cuya incompetencia es aun superior a la granujería del gobierno.

Iglesias pide ahora una moción de censura con Sánchez de candidato. El mismo candidato contra el que el mismo Iglesias votó en diciembre de 2015 frustrando su esperanza porque el muy sobrado pensaba que le ganaría en unas elecciones o el alucinado Anguita, consumido por su odio al PSOE, lo convenció de que habría sorpasso. La situación en diciembre de 2015 era la misma que hoy. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, salvo que entonces Iglesias creía que podría salirse con la suya y a tal esperanza sacrificó un país entero. 

Y ¿Sánchez, qué hay de Sánchez, el posible flamante candidato de la moción? No hay nada, salvo la muy sólida sospecha de que, al final, no habrá moción de censura porque si, para ella, tiene que contar con los votos de los independentistas catalanes, Sánchez que es un nacionalista español antes que de izquierda, no hará nada y preferirá que el Sobresueldos siga burlando la justicia y esquilmando España a contar con los votos indepes. 
Los socialistas preferirían con mucho una moción de censura apoyada por el PSOE, Podemos y C's, una reproducción del gobierno que planteaba Sánchez en diciembre de 2015 e Iglesias boicoteó. Pero, si esta no sale porque, al fin y al cabo, C's no es otra cosa que un PP sin corbata, ¿cuánto va a que PSOE renuncia a la moción para no contar con los votos de los indepes?

No se olvide que Sánchez, a pesar de sus escasas luces, o quizá debido a ellas, es tan centralista, mesetario y franquista de "una, grande libre" como Rubalcaba, su maestro y un tiempo adversario cuando el de Torrelavega pensaba que Sánchez se inclinaba a la izquierda a la que él odia. No hay tal caso. Apenas confirmado secretario general, Sánchez se puso incondicionalmente al servicio del PP, probablemente por mandato expreso del Preparao

Y si, al final, gracias a sus esbirros en los medios, a sus intelectuales sumisos, a su oposición claudicante y a la violencia de sus bandas de cachorros nazis y/o fascistas, el partido de ladrones de la Gürtel, se mantiene en el poder, gracias a la incompetencia de la izquierda, ¿cómo se lo explicará esta a sus seguidores? ¿Les dirá que los votos de los catalanistas son peores que el robo y el crimen organizado de esta banda de delincuentes? ¿Que la augusta persona del rey vale más que el respeto a la ciudadanía y la necesidad de dejar de robarla? ¿Que la monarquía es mejor que la República? ¿Que el crimen, la opresión y el engaño son mejores que el recto actuar?

Estamos hartos de decir que una situación tan abusiva y escandalosa, con un puñado de ladrones expoliando el país no se toleraría ni un minuto en cualquier otro país de Europa.

Pero ¿qué sucede? ¿Que España no es Europa?

No.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

lunes, 21 de mayo de 2018

Podemos Andalucía se alinea con ‘Kichi’ y su “coherencia” frente a la polémica del chalé


SEVILLA/OVIEDO.- El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha advertido este lunes de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; y la portavoz parlamentaria del partido, Irene Montero, “no valoraron bien el impacto” que tenía en la opinión pública la adquisición de un chalé en la madrileña sierra de Guadarrama por un valor de 600.000 euros y ha dicho sentirse más de acuerdo con “la coherencia” del alcalde de Cádiz, José María González, que defendió su “compromiso de vivir como la gente corriente” en “un piso de currante”.

En el turno de preguntas en rueda de prensa, Pérez ha considerado que es “obvio y sería de una ceguera enorme” negar el impacto que ha tenido este asunto y “no se midió bien”, al tiempo que ha apuntado que se trató de “una decisión propia personal”. 
“Veremos lo que pasa en la consulta. El debate está en las bases y hay que ver cómo se resuelve”, ha señalado.
Tras mandar un mensaje “claro y firme” de “apoyo y solidaridad” a Iglesias y Montero por “el acoso” de la derecha mediática y de la extrema derecha, ha indicado que en las próximas horas habrá más detalles sobre el procedimiento para realizar esta consulta.
“La respuesta la tienen que dar las bases”, ha señalado Pérez, quien, no obstante, ha dicho sentirse más cercano a “la coherencia” del alcalde de Cádiz, José María González. “Me siento más representado por esta valoración”, ha indicado.
En este sentido, ha explicado que el alcalde de Cádiz lanzó una nota de prensa en relación a la donación que realiza del 40 por ciento del sobrante del sueldo y “en esa valoración hay una frase sobre cómo debe vivir un representante público”, pero “no hace una declaración en contra de Iglesias y Montero”.
“El es alcalde porque le duelen los problemas como al que más. Su coherencia y la certidumbre que trasmite no deja lugar a dudas sobre el respaldo de los gaditanos”, ha subrayado Pérez, quien personalmente no ha tomado aún la decisión de si participará o no en la consulta.
Por último, ha destacado que esta circunstancia no ha alterado la estrategia de Podemos. “Nuestro trabajo sigue siendo el mismo”, ha asegurado, toda vez que el próximo domingo se celebrará el Consejo Ciudadano de Podemos en Andalucía.
“No hemos condicionado nuestro trabajo, que es de corte municipalista. No tenemos tiempo que perder y queremos llegar lo mejor posible a 2019, generando certidumbre y haciendo ver que somos una herramienta útil”, ha subrayado.

A Podemos Asturias tampoco le gusta

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa ha dado este lunes su opinión personal sobre la polémica compra de un casa en la Sierra madrileña por parte de Iglesias y Montero asegurando que “no le gusta y le ha dolido”.
Ripa ha manifestado que “ni pretende ni quiere decir lo que tienen que hacer las personas y él sólo explica lo que hace él y lo que hace Podemos en Asturias”. En este sentido ha destacado que en el Principado la formación “tiene un código ético mucho más estricto que en el Estado”.
“En mi caso cobro 12 pagas de 1.965 euros, he donado 40.000 euros desde el inicio de la legislatura, vivo en un piso de alquiler en el barrio de Pumarín que me cuesta 300 euros y ese dinero fluye a proyectos sociales. Queremos dar el mensaje de que de la crisis y la precariedad que estamos sufriendo saldremos todos juntos, no saldremos primero unos y luego otros, ese es el compromiso que yo asumo y que no espero que los demás lo hagas, pero lo considero la forma en la que yo veo que hay que actuar”, ha dicho
En todo caso, Daniel Ripa ha criticado la “intolerable persecución que están viviendo Pablo Iglesias e Irene Montero, con la mayor campaña de acoso y derribo de la Democracia”. Una persecución que va “desde el hospital hasta su domicilio y hasta cualquier aspecto de su vida privada”, algo que no se ha visto anteriormente y que considera “peligroso a nivel democrático”.
Respecto a la decisión secretario general y la portavoz han hecho es poner sus cargos a disposición de la militancia mediante una consulta a las bases sobre su continuidad, Ripa tampoco se ha mostrado muy favorable. 
“Creo que no hablar de precariedad, de corrupción y de otras cosas y que hablemos de la decisión privada y personal de nuestros dirigentes creo que es peligroso y no es bueno. No es algo de lo que tendríamos que estar debatiendo esta semana”, ha dicho.

Canarias también prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El Gobierno de Canarias ha presentado este lunes el borrador del nuevo decreto que regula el alquiler vacacional en el archipiélago que impide su desarrollo en suelo residencial en zonas turísticas, aunque admite la posibilidad de que cabildos y ayuntamientos fijen excepciones.

El texto, que se somete ahora a un periodo de información pública de un mes, deberá contar también con los informes favorables de distintos departamentos del Ejecutivo y del Consejo Consultivo para ser aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno a final de año.
En rueda de prensa, el consejero regional de Turismo, Isaac Castellano, ha comentado que el objetivo del Gobierno es “actualizar” la normativa, ayudar a garantizar el acceso a la vivienda de los residentes, apostar por la “sostenibilidad y calidad” y evitar el “crecimiento desordenado” sobre el territorio.
Castellano ha comentado que se abre la puerta a que las corporaciones locales establezcan “excepciones” o fijen “marcos flexibles”, dejando claro que por jerarquía urbanística, primará el criterio de los cabildos en caso de disparidad de criterios con los ayuntamientos.
Las viviendas de alquiler vacacional tendrán seis meses para adaptarse a la nueva normativa cuando se apruebe, y quedan fuera de la regulación las islas verdes, tal y como quedaba recogido en su propia ley.
El borrador de decreto establece también diferencias entre los propietarios, ya que los que posean tres o más viviendas tendrán categoría de actividad profesional y deberán contar con trabajadores y un equipamiento mínimo, al igual que las casas rurales. Además, se establece que debe haber operativo un teléfono 24 horas para registrar incidencias.
En cuanto a las plataformas digitales, el borrador de decreto establece que las viviendas en oferta deben contar con el número de registro y si se detecta alguna plaza irregular, deberán ser eliminadas en un plazo máximo de seis meses.
Para llevar a cabo la aplicación del decreto, la Comunidad Autónoma cuenta con una plantilla de 14 inspectores, que se apoyarán en un futuro plan de inspección turística que atenderá “de forma “destacada” al alquiler vacacional, ha detallado Castellano.
El consejero ha incidido también en que el decreto no toma medidas sobre las comunidades de propietarios porque la ley de propiedad horizontal es competencia del Estado, y ha resaltado la intención de la Comunidad de convocar una mesa de trabajo entre Comunidades y el Estado.
Según el último estudio de la Comunidad Autónoma con respecto a 2017,Canarias dispone de un total de 31.975 casas en régimen de alquiler vacacional, un 5,8% más que el año anterior y un total de 131.032 camas, un 1% más. De ellas, unas 6.600 casas están autorizadas por los cabildos.

La Conferencia Episcopal española rechaza la eutanasia por ser un «mal moral»

MADRID.- La Iglesia Católica española considera la eutanasia como un «mal moral y un atentado a la dignidad de la persona, que »nadie es dueño absoluto de su vida« y que »no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida«. 

Los obispos españoles lo han recalcado después de que el Congreso de los Diputados aprobase hace unos días -con los votos en contra de PP y UPN y la abstención de Ciudadanos- la admisión a trámite de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que pide una reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio.
Esta propuesta pide exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.
En un comunicado emitido este lunes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reiterado que «el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos» y han subrayado que la eutanasia es ajena al ejercicio de la medicina. 
«Ya el juramento hipocrático afirma: 'no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso'. (...) Las profesiones sanitarias siempre se rigen por el axioma de curar, al menos aliviar y siempre acompañar y consolar», han sostenido los obispos.
La CEE ha asegurado que lo que demandan los enfermos y sus familias es ayuda para asumir los problemas que se suelen presentar en los últimos momentos de la vida, en concreto con los «cuidados paliativos». 
En este sentido, ha precisado que la sociedad española demanda ampliamente los cuidados paliativos y ha lamentado que «se quiera proponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración» de estos cuidados.
La Subcomisión Episcopal para la familia y la defensa de la vida ha criticado que se presenten la eutanasia y el suicidio asistido como respuestas viables y aceptables al problema del dolor y el sufrimiento. 
Han destacado que la eutanasia no se refiere en exclusiva a la autonomía del individuo, ya que requiere la participación del personal sanitario.
En ese sentido, los obispos han recordado que el Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial establece que «el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste». 
«El mandamiento de 'no matarás' se encuentra en el fundamento de toda ética verdaderamente humana, y de modo particular, en la tradición cristiana», han defendido.

La demanda de viviendas en alquiler sigue descendiendo en España

MADRID.- La demanda de vivienda de alquiler ha caído en España un 36% en 2018, dado que actualmente sólo el 9% de las personas mayores de 18 años ha alquilado o está buscando alquilar una vivienda, frente al porcentaje del 14% de 2017, debido a la menor demanda por parte de los jóvenes ante el alza de los precios de alquiler, según el estudio ‘Radiografía del mercado de la vivienda 2017-2018’ realizado por el portal inmobiliario fotocasa con el objetivo de dimensionar y analizar la situación del mercado inmobiliario en el último año.

De acuerdo con este informe, el principal motivo de esta caída de demanda reside en la existencia de una menor proporción de jóvenes entre 18 y 34 años activos en el mercado del alquiler por el lado de la demanda. Los datos expuestos reflejan que entre los 18 y los 24 años hay un descenso de 14 puntos respecto al año anterior y entre los 25 y los 34 años la caída es de 9 puntos.
La directora de Estudios y Asuntos Públicos de fotocasa, Beatriz Toribio, ha explicado que el estudio refleja también que las “fuertes subidas” de precios en los alquileres “han hecho mella” sobre todo en los jóvenes reduciendo “de forma notable” su demanda y, no menos importante, su visión sobre esta forma de vida.
El estudio destaca que pierde apoyo la idea de un cambio de tendencia a favor del alquiler a causa del incremento de precios. En el caso de Cataluña, los datos revelan que el precio de alquiler de la vivienda ha subido más del 40%, mientras que en Madrid la subida ha sido del 30%. Toribio ha afirmado que, respecto a 2017, “gana fuerza la opción de la compra frente al alquiler, sobre todo en el segmento de 25 a 34 años”.
Por comunidades autónomas, la mayor caída del alquiler se observa en Madrid y Cataluña. En Madrid el mercado del alquiler ha caído del 21% al 15% respecto al año pasado, mientras que el mercado compraventa se ha mantenido en el 14%. De igual forma, en Cataluña el porcentaje correspondiente al total del mercado del alquiler ha caído del 15% al 14%.
Además, se observa que en casi todos los rangos de edad hay menos proporción de aspirantes a inquilinos que en 2017. Por el contrario, en el tramo de edad de 25 a 34 años se registra este año una subida de tres puntos entre los que han comprado una vivienda: pasa del 6% de 2017 al 9% en 2018.
En cuanto al mercado de la compra, se mantienen los mismos patrones que en el año 2017 en cuanto al porcentaje de población española interactuando con él. De esta manera, existe un 13% de la población española que ha participado en el mercado de la compraventa este año, respecto al 14% del año anterior. Esta pequeña caída reside principalmente en la subida del precio de la vivienda en un 5%, recuperando niveles de los años del ‘boom’.
De acuerdo al informe, el 66% de los españoles es propietario de, al menos, una vivienda. Analizando los datos al detalle, se observa que el 51% de los españoles mayores de 18 años es propietario de una vivienda, el 12% de dos y un 3% de más de dos. Esto lleva a concluir que un 34% de la población mayor de edad no dispone de vivienda en propiedad frente a un 15% que dispone de dos o más viviendas.
En cuanto a las expectativas sobre el mercado inmobiliario, el estudio determina que hay un 54% de los españoles que piensa que, a causa de las subidas en los precios del alquiler, compensa más pagar una hipoteca que alquilar una vivienda, frente a un 11% que está en desacuerdo sobre esta afirmación. Por otra parte, ha aumentado el respaldo social de que España se aproxima a otra burbuja inmobiliaria, un 36% de la población encuestada lo cree, frente al 23% de 2017.

Uno de cada cuatro contratos tiene una duración menor a una semana

MADRID.- El sector de los servicios concentró 413.232 contratos de menos de siete días de duración, cifra que representa el 23,3 % de los 1,77 millones de contrataciones que se celebraron durante el mes de abril, muestra de una elevada rotación que para los sindicatos evidencia la precariedad del mercado laboral.

El número de contratos registrados en abril supuso un incremento de 125.711 respecto a marzo, alza que se concentró en los temporales (con 129.488 más), ya que los indefinidos disminuyeron (3.777 menos), según se desprende de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En ese descenso del número de contratos indefinidos, hasta totalizar 189.671, tuvo influencia el hecho de que la Semana Santa se celebrara en abril, lo que por otro lado también influyó en el alza de la contratación temporal, arraigada en el sector servicios.
En este sector, los contratos de menos de un mes de duración alcanzaron los 521.516, es decir, casi uno de cada tres del total de las contrataciones firmadas en abril en España.
Dentro de estas, tiene especial relevancia la modalidad de eventual por circunstancias de la producción, utilizada en 387.043 contratos.
Por subgrupo de ocupación, fueron concretamente los trabajos de servicios de restauración los que aglutinaron el mayor número de contratos temporales, con 242.850, seguidos por los peones agrarios (201.232), la industria manufacturera (125.542) y los servicios de limpieza (108.987).
En función del área de actividad, fue la de servicios de comidas y bebidas la que mayor número de contratos temporales acumuló, con 248.167 en total, seguida por agricultura, ganadería, caza y silvicultura (213.034).
En tercer lugar, la actividad de servicios de alojamiento realizó 89.956 contratos temporales durante abril, por delante del comercio minorista, que fue responsable de 86.173 contrataciones eventuales.
Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, fueron las de menos de 25 empleados las que mayor número de contratos temporales acumularon, con un total de 747.916, seguidas por las de entre 100 y 500 empleados, con 306.474.
Desde el Ministerio de Empleo señalan que, pese a que el número de contratos indefinidos apenas representa un 10,7 % del total de los registrados el pasado mes, esta tasa se ha incrementado casi un punto y medio respecto a hace un año.
Además, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el 74 % de los asalariados en España, es decir, 3 de cada 4, tiene un contrato indefinido, tal y como recordó el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, durante la presentación de los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. Riesgo restó importancia al hecho de que la contratación indefinida disminuyera durante abril, atribuyendo el comportamiento a los efectos estacionales derivados de la Semana Santa.
Asimismo destacó que los contratos indefinidos alcanzaron su mayor cifra en un mes de abril de la serie histórica y que, en términos interanuales, crecieron el 25,2 %, casi el triple que la contratación temporal, que lo hizo un 8,9 %.
Para UGT, el hecho de que el número de contratos indefinidos hayan aumentado en tasa interanual a mayor ritmo que los temporales responde a la evolución del contrato para emprendedores, que asciende un 30 % anual, hasta alcanzar 25.441.
Tanto UGT como CCOO denunciaron que la elevada temporalidad está en máximos e instaron al Gobierno a que les convoque a la mesa de diálogo social para atajar la situación.
Concretamente, CCOO denunció que la elevada rotación laboral del empleo temporal se produce en un número limitado de puestos de trabajo que concentran muchos contratos temporales, en muchos casos de apenas unas horas o días.
Por su parte, desde la CEOE consideran necesaria una rebaja generalizada de las cotizaciones sociales para estimular la contratación y permitir una reducción de los costes laborales que posibilite aumentos salariales y creación de empleo estable.

Las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana


ROMA.- Hoy se celebra el primer Día Mundial de las Abejas, celebración declarada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con el propósito de concienciar sobre la importancia que tienen estos insectos polinizadores para el ser humano, las amenazas a las que se enfrentan, como el cambio climático, las enfermedades, la acción de los productos fitosanitarios que se emplean en la agricultura intensiva la contaminación o la pérdida de biodiversidad, así como su gran contribución al desarrollo sostenible.

Con motivo de esta celebración, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lanza el siguiente mensaje: las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana. La organización insta a que los países realicen un mayor esfuerzo para proteger a las abejas y otros polinizadores, ya que de lo contrario la humanidad se arriesga a sufrir una caída de la diversidad alimentaria.
En este sentido, recordemos que el año pasado los expertos de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) que trabajan en el proyecto MUST-B, advertían que la pérdida de la población de abejas suponía una amenaza para la seguridad alimentaria y la biodiversidad
Según ha explicado la FAO anteriormente, del 90% de los 100 cultivos principales con los que se abastece la Humanidad, hasta un 71% de ellos son polinizados por las abejas, cuya actividad se traduce en seguridad alimentaria y un valor económico que supera los cientos de millones de euros.
La actividad polinizadora de las abejas está estrechamente asociada a la producción de alimentos, siendo esenciales para el desarrollo de numerosas plantas y árboles, además, en muchos casos existe una completa dependencia de las abejas. 
A esto es necesario sumar que producen un alimento muy valorado, la miel. Desgraciadamente, cada año se reduce el número de colonias y, por tanto, su producción en Europa, por lo que no es de extrañar que la producción comunitaria de miel no cubra el consumo interno y se recurra a la miel procedente de terceros países.
La ceremonia oficial de conmemoración del Día Mundial de la Abeja (World Bee Day) se celebró en Eslovenia, país soberano de Europa Central que ha impulsado esta celebración reconociendo a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. 
La FAO comenta que los países deben cambiar y desarrollar políticas y sistemas alimentarios, que sean amigables con estos polinizadores, recordemos que en Europa se dio un pequeño paso en este sentido al prohibir el uso de tres insecticidas neonicotinoides al aire libre (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam), medida que se hará efectiva antes de que acabe este año.
La FAO explica que no es posible seguir centrándose en el aumento de la productividad en base al uso generalizado de pesticidas y otros productos químicos que amenazan a los polinizadores y a los propios cultivos, por ello, es necesario convertir las palabras en hechos y poner en marcha iniciativas concretas que permitan la conservación de las abejas y otros polinizadores, ya que cuidar su supervivencia es cuidar la supervivencia del ser humano. 
A nivel mundial, más del 75% de los cultivos dependen en mayor o menor medida de los polinizadores, su ausencia eliminaría productos como las almendras, el café, las manzanas, el cacao o los tomates, entre otros.
En este sentido, merece la pena retomar la lectura del post ¿Cómo sería la alimentación humana sin las abejas?, como explicábamos en él, siendo extremistas se podría responder a esa pregunta con la frase atribuida a Albert Einstein: “Si las abejas desaparecieran, a la humanidad le quedarían cuatro años de vida”. 
No sería así, pero la desaparición de los polinizadores supondría cambios profundos que amenazarían seriamente la seguridad y diversidad alimentaria. La perdida de biodiversidad afectaría al equilibrio ecológico, el precio de los alimentos aumentaría considerablemente, no podríamos disfrutar de alimentos tan preciados como la miel, etc.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura explica que todos tenemos la responsabilidad de proteger a las abejas y tomar decisiones que sean favorables a los polinizadores, abejas, mariposas, pájaros, murciélagos, etc. 
Pequeñas decisiones bastan, por ejemplo, cultivar flores que sirvan de alimentación a las abejas. Claro, que en realidad esto sirve de poco si no se acompaña con medidas como la agroecología, recordemos que en este sentido la ONU hace años que apuesta por este modelo de agricultura como el mejor para garantizar el abastecimiento alimentario en las próximas décadas.
La FAO advierte que el número de polinizadores y su diversidad han disminuido en las últimas décadas, las evidencias muestran que las causas principales son las actividades humanas y el cambio climático, de ahí que se abogue por las prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología, ya que podría ayudar a proteger a las abejas al reducirse la exposición a los pesticidas y diversificar el paisaje agrícola. 
La organización ha puesto en marcha el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas como un marco para definir las mejores prácticas que pueden ayudar a disminuir la exposición de los polinizadores a los pesticidas.
Sobre la celebración del Día Mundial de las Abejas 2018, la ceremonia oficial se desarrolló en Eslovenia, concretamente en la localidad de Breznica, lugar en el que nació un 20 de mayo del año 1734 Anton Janša, apicultor y pionero de la apicultura moderna, de ahí que se haya elegido el 20 de mayo para la celebración. 
A través de la página oficial del World Bee Day 2018, se pueden conocer más detalles sobre este tributo.

Aumentan un 60% los menores extranjeros que han llegado solos a España

MADRID.- Los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España bajo tutela del Estado son 6.414, un 60 por ciento más que los registrados en 2016, que fueron 3.997, la mayoría marroquíes y argelinos. Son datos recogidos por la ONG Save the Children en su informe “Los más solos”, en el que advierte de que ese número es superior porque hay niños migrantes que no han sido reconocidos como tales y otros han huido de los centros donde han sido ingresados.

En 2017 España registró 2.417 nuevos menores extranjeros no acompañados, de los que 2.177 llegaron en pateras.
De los tutelados en 2016 por las administraciones, 825 abandonaron los servicios de protección y aparecen “en fuga” porque se desconoce su paradero, ha explicado el director de Save the Children, Andrés Conde.
“Muchos esconden su condición de menor para evitar ser tutelados por una comunidad en la que no desean quedarse” y otros viven en desamparo, como el centenar de niños que se concentran en la zona de los puertos de Melilla y Ceuta con la intención de llegar a la península escondidos en transbordadores.
Más de la mitad de esos menores tutelados por las administraciones se encuentran en Andalucía y Melilla, ha añadido Conde, quien ha reclamado que se impulse el sistema de acogida familiar para estos jóvenes.
“Nuestro país no está preparado para garantizar los derechos de estos niños migrantes”, muchos de ellos acaban en centros de adultos y muchos menores huyen de “un sistema que sienten que no les están protegiendo”, ha explicado Ana Sastre, directora de Sensibilización de Save The Children en la presentación del informe.
A lo largo del documento se exponen testimonios de 65 jóvenes que han pasado por el sistema de protección para menores migrantes, pero también de los que nunca llegaron a ser tutelados.
Como Omar Sylla, un joven senegalés que ha explicado en la presentación del informe, que salió de su país con 17 años y llegó en patera a Tenerife, donde nadie le preguntó si era menor, por lo que fue ingresado en un centro de internamiento de extranjeros, como un adulto más y posteriormente trasladado a Madrid.
“Me preguntan los amigos que quieren venir y les digo que si tengo que volver a mi país en patera para ver a mi familia nunca volvería”, ha dicho este joven, que explica que en Senegal “solo se ve el lado positivo de ese viaje, no que algunas pateras no llegan”.
Omar sigue viviendo en España, gracias al apoyo que recibió en su día de particulares. “Nunca tuve ni formación, ni talleres para integrarme y tener un trabajo, estuve muchos años sin saber por dónde empezar porque las leyes nos impiden entrar en el mercado de trabajo”, ha señalado.
Save the Children reclama que el primer permiso de residencia sea de al menos cinco años y propone establecer criterios iguales que garanticen las condiciones mínimas de acceso y ejercicio a los derechos que deben garantizarles los sistemas de protección.
“La legislación permite que los menores migrantes sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos, sin conocer su situación particular y su vulnerabilidad”, denuncia la ONG.
Además, la ley permite declarar adultos a los niños “que logran entrar al territorio desafiando todas las adversidades, sin ni siquiera hablar con ellos”, unos niños que han realizado un viaje que puede ser de meses e incluso años.
El informe lamenta que dos de cada tres peticiones de asilo tramitadas por menores sean rechazadas.
La ONG reclama además la reforma de la ley para que ningún niño con un documento que acredite la edad sea sometido a pruebas y que se fije en el futuro reglamento de asilo que los niños puedan pedir protección internacional sin depender de su familia.
Tras la mayoría de edad, propone un plan individualizado de seguimiento y acompañamiento hasta al menos los 25 años.

La banca gana en comisiones el triple de lo que timó con las cláusulas suelo

MADRID.- Las comisiones bancarias están ganando tal peso en el negocio bancario español que su aumento en los cuatro últimos años supera con creces lo que el sector timó a sus clientes con las cláusulas suelo durante la burbuja inmobiliaria: los 9.637 millones de euros ingresados entre 2014 y 2017 sobre el registro de 2013, cuando el Supremo marcó la doctrina sobre el fraude hipotecario que la justicia comunitaria corregiría a favor de los consumidores, triplican los 3.170 que consignaron las principales entidades para hacer frente a las demandas, según Público.

En esos cuatro años, los bancos que operan en España ingresaron por comisiones cobradas a sus clientes 94.891 millones de euros, con un aumento de 9.704 sobre los 21.572 de 2013, a los que se suman otros 13.430 recaudados por las cajas entre 2014 y 2016 (no hay datos de 2017 todavía), en este caso con una pérdida de 67 sobre el nivel del ejercicio de referencia.
El pago de esas comisiones por servicios financieros, cuya creciente cuantía se sitúa ya en el entorno de los 29.000 millones anuales, está resultando clave para un saneamiento, reestructuración y cambio de modelo de negocio del sector financiero cuyos costes soporta el ciudadano tanto de manera directa como indirecta: a los 42.590 millones de euros en dinero público del rescate iniciado en 2012 que el Banco de España ya da por perdidos se les suman los alrededor de 50.000 millones que las entidades financieras han obtenido en intereses de la monumental deuda pública del Estado, consecuencia del desbocado déficit generado por el Gobierno pese al notable incremento de la recaudación tributaria.
En el caso de los bancos, la partida de ingresos por comisiones ha aumentado en más de 5.000 millones de euros al año si se toma como referencia 2010, el ejercicio en el que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a intervenir en el sector de las cajas de ahorros, cuando la anotación por ese concepto era de 20.207 millones, y 2017, cuando se había disparado hasta 25.361, según indican las cuentas consolidadas de la Asociación Española de la Banca (AEB). La horquilla baja hasta los 3.681 si se toma como punto de partida el 2011, el último ejercicio previo al rescate.
En esos siete años, los bancos españoles ingresaron 160.008 millones de euros por comisiones; 138.328 si el contador se pone a cero en las vísperas del rescate.
Los ingresos por ese concepto se han reducido en las cajas de ahorro, aunque en una cuantía muy inferior al crecimiento que han experimentado en la banca: 803 millones entre 2010 y 2016 (último ejercicio con datos), cuando cayeron de 5.127 a 4.324, y menos de 500 en los dos años anteriores, ya que la recaudación alcanzó los 4.520 en 2014 y los 4.586 en 2015.
A pesar de ese desplome, que coincide con una etapa en la que los bancos han arrebatado a las cajas 100.000 millones de euros en depósitos y casi cinco puntos del pastel del crédito, estas últimas ingresaron 28.476 millones de euros en los seis primeros años de esta década, lo que situará la recaudación conjunta por comisiones en el sector financiero por encima de los 190.000 millones entre 2011 y 2017.
Llama la atención cómo en el caso de los bancos los ingresos por comisiones se dispararon a partir de comienzo de la recuperación de las variables macroeconómicas en 2014. La partida, que ese año creció en 345 millones, lo haría en 1.646, 527 y 1.311 en los siguientes en los bancos. En las cajas, 2014 fue el primer ejercicio en el que se frenó la caída, con un aumento de 21 millones al que le seguirían otro de 66 antes de pinchar con 262 en 2016.
De hecho, las comisiones son hoy uno de los puntales del negocio bancario español tras ganar tres puntos y medio de peso en los ingresos de origen comercial: suponían el 17,74% antes del rescate, con 21.680 millones de 122.162, y ya representan el 21,2%, con 25.361 de 119.619.
El margen que dejan en las cuentas de los bancos se ha incrementado en más de 1.500 millones de euros desde 2011, al pasar de 17.558 a 19.107, mientras el de la otra para principal del negocio, los intereses de los créditos, crecía en más de 8.000 (de 50.726 a 59.009) pese a que el volumen se reducía en más de 6.000 al caer de 100.482 a 93.988.
En ese periodo, el margen bruto de explotación de las entidades bancarias crecía de 75.553 millones de euros a 84.930, mientras las ganancias netas aumentaban de 9.808 a 15.264 y los impuestos pagados por esos beneficios lo hacían de 1.628 a 6.530.
Ese aumento de casi 5.000 millones de euros en la factura fiscal del sector financiero tiene dos causas: la mejora del negocio, por una parte, y, por otra, el progresivo consumo de los descuentos fiscales que las entidades arrastran desde el inicio de la crisis, conocidos como TDA (Activos Fiscales Diferidos, por sus siglas en inglés) y cuya reducción ralentizó el Gobierno al librar a la banca de la rebaja de cinco puntos del impuesto de Sociedades de 2015.

Confrontación entre Bankia y los sindicatos por los cursos de MiFID II

MADRID.- Los cursos que acreditan que los trabajadores de Bankia disponen de los conocimientos necesarios en materia de asesoramiento financiero para cumplir con la directiva MiFID II han despertado un nuevo episodio de tensión entre la dirección de la entidad y los sindicatos, según publica hoy www.vozpopuli.com.

Aquellos empleados del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri que hayan suspendido tres veces la formación de la nueva normativa comunitaria tendrán que pagar de su bolsillo unos 158 euros correspondientes a las tasas de la próxima convocatoria del examen.
Así se lo ha comunicado Bankia a los trabajadores que se encuentran en esta situación, unos 150, según fuentes sindicales. Vía correo electrónico, la entidad les ha avisado de que no serán incluidos en las próximas convocatorias que organiza y les ha informado de que disponen de un plazo de un año para presentar la certificación.
Si los empleados no obtienen el título, Bankia hará constar tal eventualidad en su expediente, por lo que desde UGT entienden que podría tratarse de una amenaza velada de despido. No obstante, los empleados que carezcan de la certificación podrán seguir asesorando y comercializandoproductos financieros, aunque el proceso deberá ser supervisado por un trabajador que sí disponga de tal homologación.
En los últimos doce meses, unos 7.500 trabajadores de Bankia se han presentado a las pruebas de certificación de conocimientos con un 95% de aprobados. El banco dispone de un acuerdo de formación con la Fundación de Estudios Financieros (FEF) para la obtención del título de Asesor Financiero, certificado por la CNMV.
El precio del curso se sitúa en el entorno de los 1.000 euros, a los que se deben sumar 158 euros correspondientes a los derechos de examen. La entidad, de la que el Estado es el principal accionista con una participación del 60% a través del Frob, costea este importe a sus empleados.
Para los que ya hayan suspendido tres veces la prueba, Bankia les permite acceder durante seis meses a la plataforma del curso, pero tendrán que pagar las tasas de la próxima convocatoria a un "precio reducido", en el marco del acuerdo con FEF.
Al aprobar este examen, los empleados de banca acreditan que cumplen con los conocimientos que MiFID II, que regula, entre otros aspectos, la comercialización de productos de inversión, la prestación de servicios de asesoramiento y la gestión de carteras.
Desde UGT exigen a Bankia que los empleados no tengan que abonar nada por la certificación, pues lamentan que sean los propios trabajadores, aunque sean pocos, los que tienen que pagar por su formación.
Por su parte, CCOO critica que no se haya avisado hasta ahora de que el número máximo de convocatorias costeadas por la entidad iba a ser de tres. "Una vez más, la previsión y programación de Bankia brilla por su ausencia", denuncia el sindicato.
Este nuevo episodio de confrontación se produce después de que la entidad y los sindicatos alcanzasen un acuerdo para la salida de 2.000 empleados en el marco del ERE para la integración de BMN. Según informó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante la presentación de las cuentas correspondientes al primer trimestre, está previsto que el proceso se complete este 2018, antes de la fecha prevista inicialmente.
"Cuando diseñamos el plan de integración pensábamos que parte de de las salidas se extenderían a 2019, pero la idea es que esté cerrado, en términos de personas, antes de 2018, lo que permitirá acelerar la reducción de costes”, indicó Sevilla entonces.
Hasta abril, un total de 1.180 empleados abandonaron la entidad, mientras que entre mayo y junio está previsto que salgan cerca de medio millar de trabajadores. Según los sindicatos, el ajuste, movilizaciones incluidas, podría cerrarse después de verano, en septiembre u octubre, un año antes de la fecha inicialmente prevista.

Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»


SEVILLA.- Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a Abc su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. 

La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».

En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?
De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos... En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.


En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?
Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.
Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.

Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.

¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?
Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.
Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.
Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.
El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.
¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?
Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del  equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación.
El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.


Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?

No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.

Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.
Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho. Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio... Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.


Un juez del Supremo vinculado a 'Agbar' rechaza un recurso sobre el precio del agua


VALENCIA.- Hace 7 años que agrupaciones vecinales de Murcia y Cartagena, municipios que pagan el agua más cara de España después de Lorca, empezaron una batalla judicial sin precedentes. Asesoradas por el interventor municipal Fernando Urruticoechea y amparadas por la jurisprudencia del Constitucional, pretendían que el precio del agua fuera reconocido a nivel general como una tasa sometida al control público y no como un tarifa (o precio privado) que las empresas suministradoras establecen a discreción, según publica hoy www.elsaltodiario.com

De haber progresado la iniciativa, se hubiera tambaleado seriamente todo el negocio establecido alrededor del suministro del agua en España, que actualmente es el servicio municipal que más beneficios económicos genera y está sometido al oligopolio de Aqualia, Acciona y Agbar
Sin embargo, el 10 de mayo las abogadas de estas asociaciones vecinales recogieron las dos sentencias firmadas por Joaquín Huelín (en la imagen), que desestimaban sus recursos de casación, les obligaban a pagar las costas procesales y ponían fin al recorrido de la demandas, al menos a través del Supremo.
Este magistrado fue designado como ponente del caso por la sección segunda de la sala tercera mediante providencia del Supremo en junio del 2017. Sin embargo, Huelín formaba parte en ese momento de la sección primera de la sala, donde ya en 2016 había participado en la admisión de los dos recursos de casación presentados. 
Esta decisión contraviene las normas de reparto de la sala, que impiden que un magistrado de la sección primera que ha conocido la admisión a trámite de un recurso participe más tarde en su deliberación. Pese a ello, se decidió agrupar ambos recursos, señalar la fecha del fallo para el mismo día y entregarlos a un mismo ponente: Joaquín Huelín.
Joaquín Huelín participó y se benefició de un acuerdo firmado entre la empresa Agbar y el Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2015. Huelín participó junto a jueces de toda España en un convenio que contaba con ponencias y cursos de formación para magistrados organizados por Agbar que tenían como objetivo explícito “contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica” en relación a la gestión del agua.  
La revista Atlántica XXII accedió al texto del convenio y profundizó en un artículo sobre la forma que tuvo hasta 2015, cuando el abogado de Urruticoechea denunció el caso por entender que se estaba adoctrinando a los magistrados para responder a los intereses de las empresas y el CGJP tuvo que ponerle fin. 
Huelín incluso es coautor de un libro titulado “El precio del agua” editado por Agbar en el marco de este convenio. En él firma junto a nombres como Gaspar de la Peña Velasco, uno de los consejeros de EMUASA, la empresa mixta que opera en Murcia y contra la que se dirigía uno de los recursos de casación desestimados por Huelín. 
EMUASA está participada en un 49% por Hidrogea, que pertenece al grupo empresarial de Agbar. Hidrogea es el cambio de nombre que adoptó Aquagest en Murcia a partir del caso Pokemon. 
En el marco de este caso, la jueza Pilar de Lara definió a Aquagest como “una verdadera asociación ilícita”.
En el libro editado y promovido por Agbar, Huelín firma la ponencia titulada “Un sector necesitado de seguridad jurídica” donde defiende de manera contundente el sistema tarifario y afirma que “el mercado del agua está necesitado de una mayor seguridad jurídica que suministre la estabilidad imprescindible para fomentar la participación del sector privado, especialmente en lo que atañe a su régimen financiero”. 
Es decir, en lo que atañe a financiarse mediante tasas públicas o tarifas privadas. 
Ni el escrito de incidencia por nulidad de actuación que presentaron los demandantes por su designación contraria a la normativa de la sala, ni la recusación posterior por entender que la vinculación de Huelín con Agbar (y por extensión con EMUASA) le hacían parte interesada en el caso fueron aceptadas por el Supremo. 
Al contrario, el equipo demandante asesorado por Urruticoechea tuvo que pagar las costas además de una sanción de 2.000 € por mala fe contra el magistrado ponente.
No es todo el rastro que ha dejado Joaquín Huelín en su paso por la batalla judicial del agua. También se le puede encontrar ejerciendo su papel de defensor del sistema tarifario en el voto particular que firma junto a otro magistrado en una sentencia del Supremo de 2015. 
El Tribunal falló en favor del recurso del ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma en defensa de su poder tributario, entendiendo el precio del agua como una tasa que no ha de estar sujeta al sistema tarifario de las empresas sino al poder tributario de las administraciones municipales.
Esta sentencia y otra relativa al municipio canario de Los Realejos, ambas de 2015, fueron parte de la base jurídica de los recursos de casación por Murcia y Cartagena, pues generaban jurisprudencia sobre la obligación de que todos los servicios municipales del agua sean financiados mediante el concepto tasa.
De los magistrados del Supremo que ahora han deliberado sobre las demandas de Murcia y Cartagena solo queda uno de los que aparecía entonces en las sentencias de 2015. Es el mismo Joaquín Huelín que emitió el voto particular, que participó entre 2012 y 2015 en el convenio con Agbar y firma uno de sus libros, y que ha sido designado como ponente de esta última sentencia de forma contraria a la normativa de la sala.
El próximo paso de las asociaciones ciudadanas que están luchando contra los abusos de las tarifas del agua es presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Hasta entonces, estas dos sentencias del Supremo suponen un duro golpe al recorrido judicial de la deliberación del precio del agua, puesto que se hace efectiva esa “seguridad jurídica” del sistema tarifario impuesto por las empresas del agua que el juez Huelín defendía en su ponencia para Agbar.
Según afirma Fernando Urruticoechea, se trata de “un severo castigo por el atrevimiento de enfrentarse al saqueo perpetrado por el lobby del agua”. Un castigo que no solo recae sobre las asociaciones que tendrán que pagar las costas del proceso, que ascienden hasta los 16.000 euros en el caso de Cartagena y 18.000 en el de Murcia, sino sobre todos los usuarios del agua en España. Hasta que el Constitucional no se pronuncie, estarán jurídicamente indefensos frente a las tarifas de los precios del agua.
Toda la batalla jurídica sobre el precio del agua orbita, principalmente, en torno a estos dos conceptos clave: tasa y tarifa. La tesis del lobby de las empresas del agua siempre ha radicado en entender que cuando el servicio del agua se presta mediante concesiones, se aplica el poder tarifario de los concesionarios para marcar los precios. 
 La pretensión es que, por mucho que se trate de un servicio municipal y de primera necesidad, sea la forma de gestionarlo la que marque el régimen de precios al cual debe atenerse. Esta interpretación tiene importantes repercusiones en España, donde alrededor del 60% del agua la gestionan empresas privadas.
La aplicación de las tarifas no solo abre la puerta a que los precios del agua se disparen, sino que también hace casi imposible fiscalizar la actividad de las empresas en tanto que sus gastos e ingresos no figuran en los presupuestos municipales. 
Incluso en el caso de los impagos, la tarifa permite que se dé un corte del suministro de manera inmediata, mientras que cuando se trata de una tasa se requiere un procedimiento de apremio que debe pararse si se prueba la insolvencia del deudor.
Los intentos del lobby por hacer prevalecer las tarifas se remontan a la sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional. En esta sentencia se esclareció, para evitar que se produjeran beneficios por su explotación, que el precio de los servicios públicos de recepción obligatoria o esenciales para la vida digna que se prestan en régimen de monopolio por los municipios (como es el caso del agua, el alcantarillado o las basuras) tienen que financiarse con arreglo al poder tributario de la administración. Es decir, mediante el concepto de tasa.
La sentencia insiste además en que, independientemente de la forma en que se gestione, ya sea directamente por los ayuntamientos, bajo concesiones o en empresas mixtas, lo que prevalece es el carácter del servicio que se presta. 
De este modo, contradice la tesis de las empresas y deja claro que, lo gestione quien lo gestione, el servicio del agua se ha de financiar mediante una tasa, cuya cuantía está limitada a los costes del servicio y su aprobación está muy controlada. 
Esta decisión judicial tardó 8 años ser plasmada en la legislación. En 2003 se aprueba la nueva Ley General Tributaria, que en el segundo párrafo de su artículo 2.2.a) ratifica la sentencia del Constitucional y establece que el agua se ha de considerar siempre una tasa. Sin embargo, en aquellos lugares donde el agua es gestionada por empresas privadas siguen prevaleciendo las tarifas. 
Aunque esta situación se denunció poco, el Supremo falló a favor de las tasas siempre que hubo demandas al respecto.
Pese a todo, las demandas nunca procedieron de asociaciones en defensa de los derechos del agua en vistas a garantizar una regulación pública en todo el Estado, sino que se quedaban en disputas locales. 
No es hasta 2011 que las asociaciones de Murcia y Cartagena se empiezan a organizar con este objetivo. Sin embargo, en ese año se da un paso hacia atrás al aprobarse la Ley de Economía Sostenible.
A través de una enmienda de última hora propuesta por CIU que apenas recibió resistencia parlamentaria, La Ley de Economía Sostenible eliminó el párrafo de la Ley General Tributaria que blindaba la prevalencia de las tasas en el régimen de precios del agua. De este modo, se vuelve a abrir la puerta a considerar las tarifas. 
La aplicación de la ley vino acompañada de una campaña en revistas jurídicas para informar a los interventores municipales, cosa que no se hizo en la modificación legislativa de 2003.
Ante la nueva perspectiva legislativa, los demandantes de Murcia y Cartagena se escudaron en la sentencias del Supremo basadas en hechos previos a la modificación de la ley, y más adelante en las dos sentencias de 2015 que recuperaban y ratificaban la doctrina aplicada por el Constitucional en 1995. 
No obstante, la nueva sentencia del Supremo deshace gran parte del camino realizado, al menos hasta que el Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentarán las asociaciones vecinales que llevan 6 años librando esta batalla judicial.

El Reino de España y de las Jons / Juan Antonio Molina *

Ortega afirmó que los españoles se saltaron la época de la Ilustración y que, por tanto, nos falta un “siglo insustituible.” La Europa negra dejó de serlo gracias al esfuerzo de racionalización de las ideas y el afinamiento de las costumbres que fue la Ilustración. Sin embargo, la España negra posterior, al contrario, es el resultado de haber carecido en nuestra historia de todo lo que el siglo XVIII representó. 

A partir de ahí se inicia lo que Ortega llama tibetización de España, es decir, el aislamiento de nuestro país de los aires ilustrados que soplaban en el resto de Europa, mientras aquí no sólo seguíamos haciendo una burda filosofía escolástica y se obviaba la gran aventura de la ciencia moderna, sino que tampoco la nueva sensibilidad moral hizo mella en la Península.


Es este alejamiento intelectual y moral de la corriente que configuró culturalmente a las naciones europeas lo que le hacía escribir a Manuel Azaña en plena guerra civil que “Las cosas españolas no quedan bien traducidas a una lengua extranjera, ni pueden, por tanto, entenderse rectamente con la simple traducción literal de los nombres. Así, siendo equivalentes las palabras, no denotan lo mismo. Traducidas al idioma de cualquier gran país ciertas palabras, por ejemplo: regimiento, universidad, obispo, escuadra, catolicismo, masonería, ametralladora, general, escuela, reforma agraria, etc., la representación de lo español que adquiere el extranjero mediante la versión de tales palabras, es falsa.”


No es de extrañar, por ello, que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena encuentre tanta incomprensión por parte de los jueces europeos en la atribución de delitos a los nacionalistas catalanes. Y lo más significativo y gravoso de estas “traducciones erratas” es que donde los jueces alemanes o belgas no ven delito tal como lo plantea el instructor del Tribunal Supremo, en el reino de España los “delincuentes” nacionalistas padecen prisión provisional sin posibilidad de remisión por un criterio poco homologable por la justicia europea. Es una parte de las “peculiaridades” que diferencian al reino de España del resto de las democracias: la continuidad histórica de un tiempo político y moral destinado a pasar.


La crisis del régimen de poder del 78, régimen construido para darle continuidad enjalbegada al franquismo sociológico, se produce cuando ya es imposible, mediante la apariencia y la propaganda devenida en uniformidad mediática, mantener el autoritarismo estructural del sistema bajo la traza de una democracia en exceso degradada. El régimen se atrinchera, para lo cual criminaliza el malestar y la protesta ciudadana, la discrepancia y la alternativa política, convirtiendo todo ello en materia de orden público y delito común. 

El hecho de que todos los resortes del Estado, en su vertiente más retardataria y coactiva, incluyendo la uniformidad en los partidos, con independencia de la autodefinición ideológica, se hayan volcado contra el nacionalismo catalán desde los elementos institucionales más represivos y autoritarios es porque éste se ha posicionado desde el tímido reformismo a la ruptura con el régimen de poder vigente.


Se podía haber producido este movimiento de ruptura democrática como decantación del conflicto social, sin embargo, la demolición controlada del mundo del trabajo por las mismas organizaciones políticas llamadas de progreso ha privado de instrumentos de autodefensa social a las clases populares, así como el control por las minorías económicas de los mass media y la industria cultural, mediatiza la influencia de los intelectuales con compromiso social en favor de los adocenados y complacientes con el sistema. 

Cataluña es el foco, sin embargo, el ciclo represivo del régimen de la Transición es global y los poderes del Estado, ejercidos ya sin atrezo, sujetos al concepto predemocrático de: unidad de mando y diversidad de funciones, no supone ya la judicialización de la política, sino, además, la abolición de la misma política como instrumento de convivencia democrática y ejercicio libre de la voluntad de la ciudadanía.


(*) Periodista