jueves, 28 de junio de 2018

'Pacma' pide una Ley ‘Cero’ que acabe con los toros y los circos con animales


MADRID.- El Partido Animalista Pacma ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados las 220.000 firmas recogidas en apoyo de su Ley Cero de bienestar animal, que sigue siendo "asignatura pendiente" del Congreso un año después de haberla presentado en la Cámara Baja.

El documento, articulado en su integridad por el Partido Animalista, supone una “ley muy completa” que habla en “todos los términos en los que se maltrata y perjudica a los animales en nuestro país”, ha indicado su portavoz, Laura Duarte.
Duarte ha destacado como puntos “más perjudiciales” para los animales y que la sociedad “más demanda” la prohibición de la tauromaquia, la caza, los circos con animales o el sacrificio en perreras.
La petición llevada por Pacma al Congreso en mayo de 2017 instaba a los grupos con representación parlamentaria a que se comprometieran y sacaran adelante esta ley “imprescindible”, aunque hasta ahora, según Duarte, “ninguno” se ha mostrado dispuesto a llevarla a trámite.
No obstante, la portavoz de Pacma ha reconocido ciertos “signos de aparente interés” en el nuevo Gobierno, ya que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “ha dado a entender” su preocupación sobre la situación de los animales “a nivel general, no solamente en circos, granjas o perreras”.
Duarte confía en que esta voluntad se materialice, ya que, “a pesar de que el arco parlamentario está igual repartido y las cosas no son fáciles”, es posible llegar a acuerdos con el resto de grupos.
En mayo de 2017, Pacma lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la web leycero.es que en sólo dos horas, según sus promotores, recabó 5.000 apoyos, y publicó en su página web un calendario de acciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga.

Los 'sin papeles' tendrán sanidad tras pasar 90 días en España

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles siempre que lleven empadronados en España un mínimo de 90 días o, en su defecto, que acrediten su situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

Así lo recoge el borrador que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'.
Montón, que ha presidido hoy su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el único punto del orden del día del acceso universal a la sanidad pública, ha asegurado que en 2012 no existía ninguna razón que justificara la exclusión sanitaria que se plasmó en el real decreto.
Residir un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social son las "garantías" que establecerá el real decreto para que no haya "agujeros negros", de tal forma que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite se quede desatendido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que desde entonces las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero esto ha ocurrido de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".
La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.
Esta reforma retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' (unos 840.000), de forma que se les excluyó de la atención primaria -excepto a menores y a embarazadas- y se limitó su asistencia a los servicios de urgencias.
En este sentido, Montón ha recordado que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es "menos gravosa" que la que se realiza a través de los servicios de urgencias y ha rechazado, como argumenta el PP, que la universalidad suponga un sobrecoste a las CCAA porque todas ellas están proporcionando ya esa atención.
La ministra de Sanidad confía en poder implementar esta medida "lo más rápidamente posible" y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las CCAA.
Se trata, según Montón, de sustituir "todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad".
Montón ha dicho que de esta reunión han salido con unas "ideas básicas" para llevar adelante la norma y ha explicado que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación tal y como hizo en la comunidad valenciana en su época de consejera.
Montón ha recordado que como consejera llevaba tres años pidiendo, junto con la mayoría de las CCAA, la eliminación de la exclusión sanitaria y ha considerado una "proeza" que en tres semanas como ministra se haya celebrado un Consejo Interterritorial con este tema como único punto del orden del día.

Italia bloquea la cumbre europea sobre inmigración y pone a Merkel contra las cuerdas

BRUSELAS.- El Gobierno italiano bloqueó este jueves la adopción de conclusiones de los temas abordados en la primera sesión de trabajo de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) hasta ver si es posible llegar a un acuerdo sobre política inmigratoria que satisfaga sus demandas. Un bloqueo que supone un duro revés a la canciller alemana, Angela Merkel, que llegó a la Cumbre con el desafío de los conservadores bávaros, que exigen un giro derechista a su política migratoria.

Fuentes europeas indicaron que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió en la reunión que debe aplicarse el principio de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” y que Roma se reserva el derecho de evaluar su posición sobre todas las partes del documento final hasta que se conozcan las decisiones en inmigración.
Minutos después, el Consejo Europeo confirmó en un comunicado que “un Estado miembro reservó su posición sobre las conclusiones completas”, por lo que “no se ha acordado ninguna conclusión” hasta el momento.
Esto obligó a posponer hasta este viernes, tras la segunda jornada de cumbre, la rueda de prensa del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, prevista inicialmente para este jueves.
En la primera sesión de trabajo, que comenzó a las 13.00 GMT, los Veintiocho abordaron los avances en las políticas de seguridad y defensa, la situación del comercio global tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 y las sanciones a Rusia por el derribo del avión MH17. 
Fuentes europeas indicaron que había acuerdo entre el resto de Estados para aprobar las conclusiones sobre estos puntos y que, a la vista del bloqueo italiano, los líderes debatieron durante más de 30 minutos el procedimiento a seguir en ese caso y concluyeron que sin unanimidad no podían aprobarse.
El debate sobre inmigración ha comenzado ya durante la cena de trabajo de los líderes y continuará tras la misma para acordar cambios en la gestión migratoria europea. El objetivo es dar respuesta a una crisis que, admiten, es política y no de refugiados (las llegadas a la UE por el Mediterráneo se han reducido en un 96 % desde la crisis de 2015).
Conte, que preside un gobierno integrado por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, ya había advertido a su llegada a la cumbre de que Italia no descartaba vetar el acuerdo si no obtenía garantías de una mayor solidaridad de sus socios. 
“Italia no necesita declaraciones verbales, sino hechos concretos. Esta es la ocasión adecuada (…) En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a sacar todas las consecuencias debidas”, dijo.
El nuevo Ejecutivo de coalición italiano, que abandera una retórica anti-inmigración, está decidido a bloquear un acuerdo si no se recogen los puntos esenciales de su propuesta migratoria.
Para Italia, uno de los principales puntos de llegada a Europa de migrantes irregulares, el acuerdo solo será posible si recoge la creación de centros para inmigrantes en países de origen y tránsito, reconoce que los desembarcos en Italia lo son en Europa y la responsabilidad debe ser compartida en la UE, apoya cambiar el sistema de Dublín que obliga a pedir asilo en el país de llegada y se prioriza la financiación para el Norte de África.

Un bloqueo que pone contra las cuerdas a Merkel

En el otro lado de la mesa, la canciller alemana, Angela Merkel, partidaria de la acogida, necesita un acuerdo europeo para contentar a su ministro del Interior, Horst Seehofer, y evitar el colapso del Gobierno en un momento de auge del partido ultraderechista AfD.
Desde hace semanas la atención política en Alemania está centrada en la exigencia de Seehofer de implantar su llamado “plan maestro” para contener la llegada de refugiados e inmigración ilegal. 
Se sabe que consta de 63 puntos, que el ministro no ha presentado por falta de consenso con la canciller y cuyo punto más conflictivo es el propósito de impedir la entrada a Alemania de refugiados rechazados y registrados anteriormente en otro país europeo. Para conseguirlo, está dispuesto a cerrar las fronteras, lo que Merkel rechaza mientras insiste en la necesidad de buscar una política migratoria común en la UE.
Merkel ha defendido que, a falta de acuerdos europeos, podrían sellarse pactos bilaterales con los países implicados para abordar el problema, una opción que apoya España. Roma, sin embargo, pide primero un acuerdo a Veintiocho.
En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó este jueves el refuerzo de las fronteras exteriores y las plataformas en países terceros como una medida necesaria para evitar otras propuestas “realmente duras”. 
“La alternativa a esto sería un avance caótico hacia el cierre de las fronteras, también dentro de la UE, así como conflictos crecientes entre Estados miembros de la UE”, advirtió.
Según se recoge en el último borrador de conclusiones, los líderes respaldarán desarrollar “plataformas regionales de desembarco” fuera de la UE en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En estas plataformas se determinaría, antes de su partida hacia Europa, si se trata de inmigrantes económicos o de refugiados que sí tienen derecho a protección.

Notarios y registradores, en guerra por el control de la información sobre blanqueo

MADRID.- La decisión del Consejo General del Notariado de constituir un registro electrónico con datos de particulares y de escrituras mercantiles, gestionarlo a través de una empresa propia de naturaleza privada y ceder esa información a terceros - habilitados legalmente, eso sí, para conocer esos datos- a cambio de una compensación económica, ha desencadenado una guerra abierta entre colectivo y el de los registradores de la propiedad, con el asunto del control de los datos necesarios para controlar potenciales operaciones de blanqueo de capitales como telón de fondo, destapa hoy www.lainformacion.com

Una Orden Ministerial aprobada el pasado mes de marzo por el Ministerio de Justicia, que habilitó a los registradores para recoger datos sobre los titulares reales de las sociedades en sus oficinas a partir de este mes de junio - los más relevantes a la hora de perseguir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo -, ha provocado un auténtico seísmo en la relación de atribuciones entre estos colectivos profesionales, al quebrar la gestión exclusiva que hasta ese momento  realizaban en ese ámbito los notarios a través de su Índice Único Informatizado (IUI). 
La maniobra gubernamental ha recrudecido el cruce de acusaciones entre ambas partes, que ya se producía desde hace tiempo. Desde el bando de los registradores se critica con dureza el hecho de que los notarios estén utilizando los datos que recogen para elaborar ese índice, y en la mayor parte de las escrituras públicas que realizan, para cedérselos a una empresa privada, Ancert, unipersonal y controlada por el Consejo General del Notariado, a través de la que ceden esa información a entidades y plataformas del sector financiero, como Asnef o algunos de los grandes bancos, a cambio de una retribución económica.
Frente a ello, fuentes cercanas a la actividad notarial aseguran que Ancert es una entidad sin ánimo de lucro (aunque sea una sociedad limitada), que no comercializa los datos, sino que los cede a los 'sujetos obligados', según la definición de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se los solicitan, y sólo cuando cuentan con el visto bueno de la Dirección General del Tesoro, el Ministerio de Economía y la Agencia de Protección de Datos para hacerlo.
Según las estimaciones que realizan estas fuentes, la compensación económica que reciben no llega a un euro por cada dato proporcionado y apenas alcanza para cubrir una quinta parte del coste de mantenimiento de la Base de Datos de Titularidad Real. Esa base existe en el seno del Notariado desde el año 2012, y fue reconocida como registro público por el reglamente de prevención del blanqueo de capitales en 2014. 
Los registradores también cobran por esa información, pero lo hacen a partir tarifas regladas para cada una de sus operaciones (peticiones de datos, notas, etc.). De hecho, son más caras que las que cobra el Notariado, pero están tasadas y sobre ellas no pesa ninguna sospecha de comercialización.

Europa exige un único registro de datos
La polémica por el control y la cesión de esos datos, básicos para contrastar investigaciones sobre blanqueo, tropieza además con la directiva europea que se debe trasponer a la legislación española en breve y que exige en su artículo 30 (revisado) que haya un único registro público para controlar este proceso, susceptible de ser contrastado e interconectado con los que existen en el resto de la UE. 
Esa norma mantiene que la base de datos puede cederse, incluso a las personas que tengan un “interés legítimo” demostrado para contar con ello, si bien deberá ser una ley interna la que deberá decidir que se entiende por ello.
Los notarios acusan a los registradores de ser ellos los que quieren arrogarse ahora este servicio (y sus ingresos correspondientes) y  decidir en cada caso quién tiene ese interés legítimo, sin base legal alguna. Mientras, por parte de los registradores se advierte que lo que la directiva establece es la imposibilidad de utilizar los datos reales de esas transacciones y cambios societarios para actividades cuasi comerciales. 
De hecho, los notarios llegaron a impugnar ante la Audiencia Nacional la orden que habilita ahora a los registradores a reclamar datos sobre titularidad real de las sociedades, sin éxito.  
Fuentes cercanas al ámbito del Notariado recuerdan que la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales (al menos su Reglamento) permite utilizar la figura del convenio para ceder la base de datos a terceros en las condiciones y con los requisitos que se establecen al efecto. 
Una habilitación que desde el ámbito registral no se ve tan cristalina: advierten de que esa interpretación es relativa y aseguran que en algunos ámbitos incluso se han llegado a plantear elevar a los juzgados el asunto.
Otro de los aspectos controvertidos que se subrayan en relación a este  asunto es la elaboración de actas notariales de identificación por parte de los notarios. Éstas suponen una de las bases informativas que los notarios utilizan para conformar su fichero y aunque no son obligatorias, sí son recomendables (“como los seguros que se venden con las hipotecas”, aseguran). 
Cada una de esas actas cuesta algo más de setenta euros al usuario.

La subida fiscal del diésel pone en alerta a más de 200.000 autónomos

MADRID.- La subida fiscal del gasóleo sería una buena noticia para la lucha contra el cambio climático, pero mala para los millones de usuarios de los vehículos que usan ese carburante. Sobre todo, para aquellos que los necesitan para trabajar, pero no tienen acceso a las bonificaciones fiscales, razona Expansión

Es el caso de algo más de 200.000 autónomos que trabajan gracias a sus coches o furgonetas de tracción diésel, según las estimaciones de la Federación Nacional de Autónomos (ATA) para este diario. Entre ellos, hay nada menos que 40.000 taxistas, 20.000 repartidores, 25.000 agentes comerciales y miles de conductores de ambulancias, agentes de seguros, floristerías, trabajadores de la construcción, empresas de movimientos de tierras y un largo etcétera.
La idea que maneja el Gobierno es que se equipare gradualmente el impuesto especial del gasoil al de la gasolina. El primero es de 30,7 céntimos por litro; el segundo, de 40,25. Es decir, la carga impositiva aplicada al diésel subiría hasta 9,55 céntimos, un 31%. El precio medio del gasóleo era, ayer, de 1,233. Este tipo de carburante está marcando su récord desde 2014. Con la reforma del Ejecutivo, pasaría a ser de 1,328 euros, 0,2 céntimos por encima del precio que marcaba ayer la gasolina sin plomo 95. De esta forma, llenar un depósito de 60 litros de gasóleo pasaría de costar 74 euros a 79,7, o sea 5,7 euros más.
Los bonificados, en principio, seguirían siendo los agricultores y los camioneros, pero no se puede descartar que en el futuro se articulase un alivio a otros profesionales.
Hay que recordar que, según los últimos datos de la DGT, en España hay 17,9 millones de vehículos con tracción diésel frente a 13,6 millones de vehículos que usan gasolina. En España, hay 541.751 furgonetas y camiones que consumen gasolina y 4.342.980 que usan gasóleo. Nada menos que siete veces más. Dicho de otra forma, por cada vehículo profesional de gasolina, hay ocho con gasoil.

'Hefame' supera en 2017 los 1.300 millones de euros en ventas, un 5% más que en 2016

MURCIA.- Grupo Hefame acaba de presentar durante las Juntas Preparatorias sus resultados del pasado ejercicio. Los últimos datos analizados del cierre y balance final de 2017, que se han presentado ante la Asamblea, sitúan la cuota de mercado de Hefame en un 10,97%, entrando ya por méritos propios dentro del ranking de los tres principales players del sector de la distribución en España. Grupo Hefame ha superado los 1.300 millones de facturación y un crecimiento en el pasado ejercicio superior al 5%.

Los directivos de la cooperativa farmacéutica, Carlos Coves, presidente y Javier López, director de Grupo Hefame, han presentado conjuntamente las principales conclusiones de la estrategia implementada en los últimos tres años de gestión y la línea de trabajo para el nuevo plan estratégico hasta el 2020. 

Las Juntas Preparatorias han tenido lugar, durante el mes de junio, en las ciudades de Málaga/Granada, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Madrid y han finalizado con la Asamblea General de delegados del Grupo, elegidos con anterioridad en las diferentes Juntas para representar a la totalidad de los socios de la cooperativa. En éstas, el Consejo Rector y la dirección de la compañía han dado cuenta detallada de la gestión a sus socios y han presentado las cuentas anuales del Grupo para someterlas a debate y aprobación.

“2017 ha sido un año para la consolidación y hemos batido todos nuestros récords en facturación y cuota de mercado”, ha puntualizado Coves.

 “Estamos muy satisfechos con los hitos obtenidos y esperamos seguir impulsando un gran número de servicios tecnológicamente avanzados, que ya nos diferencian de la competencia, para que nuestro socio pueda competir en este mercado con el objetivo claro de dar más información, más apoyo al paciente, compras más atractivas y dirigidas a través de las Redes Sociales. ¿Y, qué mejor asesoramiento podemos tener en temas de salud que la del propio farmacéutico, y, además, teniendo más de 20.000 puntos de atención en nuestro país?”. 

Por su parte, Javier López ponía de relieve la importancia de los objetivos logrados en la estrategia que finalizaba en el 2017, que se centraban en una estrategia sostenible para mantener la solidez financiera, cohesión interna y un mejor servicio a los socios, y ahora Grupo Hefame se embarca en un nuevo plan estratégico hasta 2020.

“Grupo Hefame ha protagonizado en este pasado ejercicio un crecimiento del 5%, ganando así cuota de mercado. Tras mejorar la política comercial de nuestros socios, el ebitda generado alcanzó la cifra de 9.8 millones de euros, incrementándose un 18% respecto a 2016”, comentaba Javier López.

En 2017, Grupo Hefame ha acortado distancias entre almacenes y establecimientos abriendo un nuevo almacén en Tortosa (Tarragona) y próximamente el abrirá un nuevo almacén, a la vanguardia tecnológica, en Valencia para expandir y mejorar el servicio a nuestros socios”. 

De 2015 a 2017 ha abierto nuevas rutas mejoradas gracias a la apertura de almacenes en Albacete, Tortosa, Granada y Melilla y la modernización realizada en la sede central de Murcia. 

“Estamos mejorando de manera sustancial las  rutas y nuestra principal preocupación sigue y seguirá siendo siempre que los medicamentos lleguen a su hora a las farmacias”, apuntaló López durante sus intervenciones” 

Para ello, en el pasado ejercicio, Hefame continuó con el plan de inversiones en activos fijos, precisamente en proyectos basados en la robotización y modernización de las plataformas logísticas de los diferentes almacenes que tiene la distribuidora española, así como en el desarrollo del software que soporta la actividad.

El presidente Coves, por su parte, recalcaba que, “vamos a seguir siendo punta de lanza para nuestro socio y seguir mejorando su relación/comunicación con el paciente y entregar un servicio digitalizado a la farmacia”. 

A día de hoy, puntualizaba, “Grupo Hefame está ayudando a cientos de farmacias, y a más de 900 farmacias en todo el territorio, que no disponen de los medios necesarios, a dotarse de la tecnología adecuada con F+Online (www.fmasonline.com)”. 

El proyecto más importante en el que se ha embarcado Grupo Hefame estos últimos años ha sido la Farmacia F+, desde donde los farmacéuticos pueden ya vender, facturar y controlar su comunicación con sus pacientes.

Las primarias del PP pueden terminar en un absoluto ridículo / José Oneto *

El cierre oficial de la lista de los militantes del Partido Popular que participarán en la elección del líder que substituirá a Mariano Rajoy al frente del partido, ha supuesto un verdadero fiasco sobre la tan cacareada fortaleza del partido que acaba de ser desplazado del poder, sino que el desarrollo de las primarias populares puede terminar en el más preocupante de los ridículos. 

Aunque quien ha ideado las normas de actuación y funcionamiento de esas primarias, el vicesecretario de organización Fernando Rodríguez Maíllo, insista en que los militantes que participarán en ese proceso insólito en el PP, en uno de los peores momentos de su reciente historia, no llegarán ni siquiera al ocho por ciento de la militancia, una cifra que a quien, en este momento maneja el aparato, le parece lo más natural del mundo.

Que un partido que según ha confesado recientemente a Carlos Alsina en Onda Cero, la secretaria general Dolores de Cospedal, tiene 780.000 afiliados (se ignora si han dado de baja a los muertos y a los que han anunciado su marcha por descontento político o porque se han pasado a Ciudadanos) y no tenga ni 70.000 militantes dispuestos a votar en las primarias del jueves  5 de Julio, significa que el PP tiene la militancia menos participativa de cualquier partido político europeo o, por el contrario, nunca ha tenido esos 780.000 afiliados (869.000, según las últimas cifras oficiales) el partido con más afiliados de España, según han venido repitiendo de forma machacona sus dirigentes.

Una cifra realmente insólita que algún medio ha recordado que es algo más alta, no mucho, que los 61.986 militantes que se presentaron en la listas de las elecciones municipales. O sea una cifra de militantes que podría englobar a los que tienen algún cargo de cualquier tipo en las distintas Administraciones y a sus familiares. Esos pocos más de 66.000 militantes que votarán al fututo Presidente del partido contrastan con el 80% de los militantes del PSOE que en otras primarias históricas eligieron a Pedro Sánchez, secretario general del partido. Pablo Iglesias fue votado por 55.275 inscritos, el 34,5% del censo, en febrero de 2017.

Cómo estará la situación interna, que el único que ha dado la voz de alarma de algo que resulta escandaloso, ha sido Pablo Casado con un argumento demoledor: “Si no hemos sido capaces de ilusionar y movilizar a nuestros afiliados ¿cómo vamos a ilusionar al país?”. 

Otro candidato, el ya famoso Joserra, también ha sido el único que ha propuesto cambios en las reglas de funcionamiento para no terminar haciendo el ridículo. Su preocupación es tal que incluso se ha atrevido a preguntarle en un pasillo del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  qué es lo que hay que hacer en unas primarias y se ha quedado sorprendido cuando le ha oído decir al Presidente del Gobierno que “ir contra el aparato del partido”.

El resto calla como si no fuera con ellos. Margallo, uno de los candidatos más creíbles, en señal de protesta por lo que no deja de ser un gran ridículo político, en el que él  no debería participar, debería, eso sí,  en señal de protesta, retirarse. Las dos restantes candidatas, bautizadas en algún periódico europeo como “las dos generalas”,  han tenido  reacciones esperadas: las reglas son las reglas y no se pueden cambiar a mitad del partido. Las dos piensan que pueden controlar el aparato y también a los compromisarios en una segunda vuelta.

Más ladina, Sáenz de Santamaría, la vicetodo, que nunca se ha interesado por el partido ni ha querido saber lo que pasaba porque siempre se resistió a ser militante, y siempre ha querido ir de “independiente”, aunque estaba en el Comité Ejecutivo, ha encontrado a quienes deberían pronunciarse como miembros del “Aparato” del partido: Cospedal y Pablo Casado. Ella, Santamaría, no se pronuncia. Ella es una mujer de poder, de Gobierno (es lo único que le interesa), y no de partido.

Y ella participa en estas primarias, no como candidata a la Presidencia del Partido, sino en función de que la presidenta del Partido es también la candidata a la Presidencia del Gobierno y cree que ese puesto es suyo, como si lo hubiese heredado. Pero puede haber muchas sorpresas, porque cada vez se sabe más del obscuro y misterioso papel que desempeñó: bolso puesto en el escaño del Presidente del Gobierno, refugiado en ese momento, en un restaurante de la calle de Alcalá, al lado del Congreso con sus más leales, entre los que no estaba la vicetodo.


(*) Periodista y economista


miércoles, 27 de junio de 2018

Golpe al atún rojo ilegal: redada en las lonjas de Madrid, Barcelona y Málaga


MADRID.- La Guardia Civil ha salido a la 'pesca' del atún rojo capturado de forma ilegal, al margen de las cuotas anuales establecidas por la Comisión Europea, en toda España. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona lanzó ayer una macrooperación, con registros y detenciones en mercados mayoristas como Mercamadrid, Mercabarna o Mercasevilla

Los agentes detuvieron a implicados en la trama durante varios de esos registros, como el de Mercamadrid. La operación seguirá abierta a lo largo de toda esta semana, por lo que no se descarta que los investigadores se personen en más mercados o empresas y arresten a más involucrados, según fuentes del Instituto Armado.
Los registros también han afectado al menos a diez empresas pesqueras y distribuidoras, según fuentes conocedoras de los hechos. Estas son: Roquetafish y Arrom (Barcelona), Pescnor (Valencia), Ricardo Fuentes y Pescados José (ambas en Murcia), Pescados Prado y Seifu (Madrid) y Lara (Málaga). 
También acudieron a recoger información a Petaca Chico (Cádiz), donde no hubo detenidos y los agentes permitieron seguir funcionando a la empresa con normalidad. La Guardia Civil también ha registrado Mercamálaga y otros puntos de venta mayorista en Almería o Valencia.
Fuentes del sector pesquero español explican que la sensación entre los operadores de este negocio es que la entrada en el mercado de atunes capturados fuera de las cantidades fijadas por Bruselas sigue existiendo. 
"Hasta 2007, cuando la pesca ilegal puso el atún en peligro por la sobrepesca, esto era una práctica extendida. Con las cuotas y el mayor control, bajó mucho. Pero en los dos últimos años notamos un repunte ya que quienes hacemos bien las cosas observamos que el atún legal es sustancialmente más caro respecto a otros atunes, también rojos. Algo ocurre", resumen las citadas fuentes.
La cuota para esta campaña de 2018 se situó en 28.000 toneladas para todo el atún rojo que se captura en Europa, de las que a España corresponden 5.000 toneladas. Las limitaciones a la pesca se establecieron en 2006, cuando se redujo drásticamente la captura -para permitir la supervivencia de la especie- hasta las 12.600 toneladas. 
Las mismas fuentes del sector consideran que tras la buena campaña de este año, las cuotas de capturas desaparezcan más allá de 2020 y se pase de una fase de conservación de la especie, a otra de gestión de la misma.
En España también se comercializa atún procedente de otros países extracomunitarios, como Marruecos, algo permitido siempre que el producto esté convenientemente identificado. 
El consumo de atún rojo en España se ha disparado en la última década y hoy día casi la mitad de lo que se captura en las aguas del Mediterráneo y Atlántico se queda en el país. Se acabaron por ahora los tiempos en los que el 95% del producto se iba directamente a Japón, entre otros mercados asiáticos.

La OCDE pide que se reduzcan las ayudas al sector agrícola

PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a productores "se dio a través de medidas que perturbaron el comercio", una tendencia que pidió revertir.

"Casi dos tercios del apoyo a los productores en los países que hemos estudiado distorsionan de manera particularmente fuerte las decisiones comerciales", constató el informe presentado hoy en Bruselas, en el que aseguró que la dependencia de estas medidas "incluso ha ido en aumento".

El informe ‘Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2018’ estudia la situación del sector agrícola en los 35 países que forman parte de la OCDE, así como en otras diez economías emergentes: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.

Los países de la OCDE destinaron una media de 285.000 millones de euros al año al sector agrícola en el periodo 2015-2017, de los que 205.000 millones (el 72%) fueron entregados como apoyo a los agricultores.

El apoyo público a los agricultores fue equivalente al 18% de sus ingresos, un descenso frente al casi 30% que representó en el periodo 1995-1997.

Por su parte, las diez economías emergentes estudiadas por la OCDE destinaron una media de 266.000 millones de euros al año a sus sectores agrícolas, 233.000 de los cuales (el 84%) estuvieron dirigidos a los agricultores.

Sin embargo, mientras que en la OCDE el apoyo público a los agricultores con respecto a sus ingresos había disminuido sustancialmente en las últimas décadas, en estas economías emergentes la tendencia fue justo la contraria: pasó del 2,9% en el periodo 1995-1997 al 13,5% en el periodo 2015-2017.

Más ayudas en los países emergentes
El informe destacó que, mientras que en la OCDE están abandonando las políticas públicas de apoyo al sector agrícola que "distorsionan el mercado", en las economías emergentes estudiadas estas medidas han crecido hasta representar el 80% del total.

La OCDE también analizó de forma individualizada los casos de los 51 países objeto de estudio, aunque en la Unión Europea (UE) no entró a valorar la situación de los Estados miembros, sino las políticas públicas en el ámbito comunitario.

En este sentido, el informe destacó que alrededor del 50% del apoyo público a los agricultores está condicionado por cláusulas medioambientales obligatorias, mientras que un 8% adicional se puede obtener de cumplir una serie de estándares superiores a los exigidos por ley.

Entre los principales cambios de 2017, la OCDE destacó la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) y el fin de las cuotas impuestas a la producción de azúcar.

El informe recordó que siguen aplicándose "medidas excepcionales" en los sectores lácteo y porcino, así como con respecto a la producción de frutas y verduras.

La OCDE celebró que la UE "haya mejorado la composición de las ayudas en las últimas tres décadas" e hizo especial hincapié en el incremento de los pagos no relacionados directamente con la producción, lo que "ofrece a los agricultores la posibilidad de tomar decisiones sin depender de la acción gubernamental".

En el caso de Latinoamérica, el informe destacó las ayudas dirigidas a productores jóvenes (de entre 18 y 35 años) en Chile o las medidas colombianas de compensación de producción a los productores de algodón y de reestructuración de deuda a los agricultores.

La OCDE recogió también el caso de Brasil y la mejora de su sistema de Inspección Veterinaria, la regularización del proceso de registro de productos químicos en Costa Rica y la creación en Chile del Comité Técnico sobre el Cambio Climático en el marco del ministerio de Agricultura.

Ábalos asegura que el cambio de Gobierno no afectará a los contratos del AVE

MADRID.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que la voluntad del Ejecutivo es que, con carácter general, el cambio de Gobierno no afecte a los compromisos de inversión ni a los contratos en lo que respecta al AVE.

    "No pensamos paralizar nada ni demorar nada, los consejos se están haciendo en las fechas previstas. Este lunes hubo un consejo de Adif y aprobó una serie proyectos, los mismos que tenía previsto antes del cambio de Gobierno", ha dicho Ábalos en respuesta a una pregunta del portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Miguel Barrachina.
    Además, ha avanzado, el próximo vieres el Consejo de Ministros aprobará otros tres tramos de AVE por 190 millones de euros, entre ellos uno correspondiente al Corredor Mediterráneo.
    Respecto a la auditoría sobre plazos y obras de AVE que encargará Fomento, Ábalos ha dicho que se hará porque lo importante es no generar falsas expectativas y porque cuando se habla de plazos lo que debe contar es la puesta en servicio y no el final de la obra.
    "A veces se habla de final de obra como si al mismo tiempo uno se subiera en el tren", ha lamentado el ministro, que ha apuntado que en 2015 el gobierno del PP anunció que pondría en servicio 1.000 nuevos kilómetros de AVE -Murcia, Burgos, Granada, Plasencia, Badajoz y variante de Pajares- de los que ninguno está hoy en servicio.

El presidente Sánchez equiparará la fiscalidad del diésel y la gasolina para recaudar 2.100 millones más

MADRID.- El Gobierno de Pedro Sánchez quiere dar un impulso definitivo a la fiscalidad medioambiental, para que la mayor recaudación se traduzca en más gasto contra el cambio climático, y por tanto en un mayor compromiso con la transición ecológica de la economía. 

Una de las primeras medidas que intentará aprobar el Ejecutivo será la equiparación de la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, según avanzan fuentes socialistas a Expansión.
Actualmente el impuesto especial de la gasolina es de 40,25 céntimos por litro, y el del gasóleo, de 30,7 céntimos. El Ejecutivo calcula que la equiparación de ambos impuestos supondría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se hiciese de golpe, pero quiere hacerlo "de forma escalonada", según fuentes cercanas a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.
"El primer año se recaudarían 600 millones de euros", y así sucesivamente. Es decir, la igualación se lograría "en menos de cuatro años", aseguran las fuentes, que revelan que ya se ha creado un equipo de trabajo en el ministerio y que el Gobierno ya ha decidido dar el paso.

El nuevo gobernador del Banco de España se compromete con la transparencia

MADRID.- En  la toma de posesión de Pablo Hernández de Cos como nuevo gobernador del Banco de España se han dado cita algunas de las principales personalidades del sector financiero y político español. 

En el primer discurso oficial, Hernández De Cos ha estado flanqueado por su predecesor Luís Linde y de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. 
En un discurso breve (sólo 6 páginas), pero con claros mensajes sobre lo que quiere conseguir en sus seis años que va a permanecer en el cargo, se ha dedicado a perfilar las que pretende que sean las líneas de su mandato: reforzar la posición negociadora del Banco de España en Frankfurt como reto internacional y a nivel interno recuperar la confianza perdida en la institución apostando por la transparencia y reforzando la alerta temprana de los riesgos económicos.  
Eso sí, ha reivindicado "la independencia" del Banco de España, algo que no siempre ha sido así.
Al acto  han acudido numerosos representantes del mundo de la economía y las finanzas, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, el de CaixaBank, Jordi Gual, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, o el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán.
También el director general de la CECA, José María Méndez, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, el exgobernaodor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el exsubgobernador y expresidente de la AEB, Miguel Martín,  el vicepresidente ejecutivo de Santander España, Juan Manuel Cendoya, o el consejero independiente del Banco de España, Manuel Pizarro.

Concluye hoy el plazo para domiciliar la devolución de la renta

MADRID.- El plazo para domiciliar el resultado a ingresar de la declaración de la Renta 2017 concluye hoy, miércoles, mientras que el viernes es la fecha límite para solicitar citas previas por cualquier vía para la confección de la declaración. La Campaña de la Renta 2017 finaliza el próximo lunes 2 de julio.

El pasado 4 de abril arrancó la campaña para la presentación de las declaraciones por Internet y por teléfono y para solicitar cita previa para el nuevo plan 'Le Llamamos', por el que la Agencia Tributaria (AEAT) llama a los contribuyentes para confeccionar su declaración, así como para realizarlas a través de la nueva 'app', una de las principales novedades de la campaña.
Asimismo, desde el pasado 8 de abril los contribuyentes pueden solicitar de forma previa el servicio de atención presencial de la AEAT para la confección y presentación de la declaración en las oficinas, que comenzó el 10 de abril, sumándose a la presentación telemática y por teléfono que se podía realizar desde el pasado 4 de abril.
Las principales novedades de la campaña son la nueva aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que se puede descargar desde el pasado 15 de marzo en las plataformas de Apple y Android; y la solicitud de la cita previa para el Plan 'Le llamamos', por el que la AEAT llama a los contribuyentes previa solicitud y les confecciona y presenta la declaración por teléfono.
Hasta la semana pasada Hacienda había devuelto un importe superior a los 6.000 millones de euros, el 63% de lo previsto para la campaña, y se habían presentado más de 16,9 millones de declaraciones, el 85% de lo estimado, según informan fuentes de la Agencia Tributaria.
La AEAT prevé que en la Campaña de la Renta 2017 se registren 19,94 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,1%, de los que 16,65 millones serán individuales (+2%) y 3,29 millones conjuntas (-3,4%).
De ese total, 13,77 millones darán derecho a devolución, un 2% menos, por un importe de 9.468 millones de euros, un 5,3% menos, mientras que 5,24 millones saldrán con resultado a ingresar, un 8% más, por importe de 9.621 millones, un 4,9% más.
Asimismo, estima unas 925.000 declaraciones negativas y otras, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al año anterior. Con estas cifras, la AEAT calcula que se registrará un resultado neto positivo de 153 millones de euros, frente al negativo de 823 millones de euros del año pasado.
El organismo realizará unos 136.000 avisos a contribuyentes que ha detectado con pisos en alquiler ofertados en Internet y algo menos de 300.000 avisos por los bonos de fidelización del Santander, así como a quienes hayan regularizado cláusulas suelo.

El informe del Tribunal de Cuentas revela que el PP no llega a 140.000 militantes

MADRID.- El Partido Popular (PP) cuenta con menos de 140.000 militantes al corriente de pago si atendemos al balance económico que el partido facilita al Tribunal de Cuentas. El PP dice tener 869.535 afiliados. Pero según reconoce en su propia página web, los ingresos por "afiliados, adheridos y simpatizantes" son 5.011.042 euros. Si la cuota afiliación es de 36 euros al año, el total de militantes sería 139.194 personas, un 84% menos de los que el PP asegura tener, revela hoy www.vozpopuli.com.

Los 64.523 afiliados inscritos para votar en las primarias del próximo 5 de julio han supuesto un golpe a la credibilidad de este proceso de primarias inédito en la historia del PP. Son apenas un 7,42% del censo, y poco más del doble de los cargos electos del partido. Un cálculo que supuestamente beneficia más a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, con poder orgánico en las comunidades, que a Pablo Casado. Si el PP hubiera depurado el censo en función de los ingresos reconocidos ante el Tribunal de Cuentas, el porcentaje de inscritos sería el 53,64% del total.
La escasa participación prevista ha llevado a algunos candidatos a solicitar que se amplíe el plazo de registro. Es el caso de Casado, que ha sugerido esa posibilidad en un acto de campaña en Logroño. El aspirante José Ramón García Hernández ha ido más lejos. García Hernández ha exigido eliminar la barrera de la inscripción para que todos los afiliados puedan votar. 
"El PP está bordeando el ridículo", dijo. Los dos candidatos más votados el 5 de julio se enfrentarán por el liderazgo del partido en el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio. El ganador será elegido por los compromisarios. Todo indica que el PP no cambiará las reglas del juego a mitad del partido.
Isabel Benjumea es la directora de la red Floridablanca, un think tank vinvulado al PP. Este grupo presentó una propuesta de nueve medidas para regenerar el PP en febrero del 2016. El último punto de la lista era precisamente la actualización del censo de militantes. "En el modelo de la dirección del Partido Popular ningún militante sabe cuántos afiliados hay en el partido, ni cuántos están al corriente de cuota (y, por tanto, tienen derecho a votar)”, decían entonces.
El tiempo ha acabado dando la razón a Floridablanca, que recibió críticas internas cuando quiso llevar esta propuesta al congreso que volvió a ganar Mariano Rajoy en febrero del 2017. "Cabe preguntarse, ¿qué renovación puede salir de un Congreso sin un censo de militantes cuya autenticidad esté verificada?", dice Benjumea en conversación con Vozpópuli.
Según Benjumea, el problema es que el PP no tiene un Comité de Garantías que supervise el censo y compruebe la identidad de las personas que se han inscrito. "Los datos que hemos conocido son un recuento. El afiliado manda a su sede una solicitud, que se envía a la dirección provincial y de ahí a la nacional", dice. 
"No hay una agente externo que controle los datos facilitados por los distritos. No es un sistema garantista, porque la identidad de los militantes no está verificada". 
El número tan sumamente elevado de afiliados del que siempre ha hecho gala el PP se explica por varias razones. "Históricamente ser afiliado del PP no implicaba ningún derecho. Tú decías que tenías 9.000 y nadie decía nada, porque ese militante en realidad no tenía derecho a nada", explica Benjumea. 
"Los diferentes distritos inflaban el censo para ganar poder. Y los líderes regionales utilizaban esta cifra como una manera de sumar compromisarios, y por lo tanto peso, en los congresos del partido". 
El PP repartía sus compromisarios en función de territorios, pero también había un cuota asignada por número de militantes.
En opinión de Benjumea, el PP conoce perfectamente que la cifra no es real. Por eso, dice, Floridablanca pidió actualizarla. "Nadie se quería poner delante del espejo, porque es un proceso muy duro", asegura. 
"El PSOE lo hizo en su momento. Cuando abres un proceso (primarias) de estas características en el que los afiliados van a ejercer el derecho de sufragio no queda más remedio que hacerlo. Y por eso es importante tener una comisión de garantías", añade.
La organización de Benjumea elaboró un estudio propio utilizando datos que facilita Hacienda sobre el número de personas que declara pagar una cuota de afiliación a un partido político para desgravar. 
Según este cálculo, el PP no llegaba ni a los 100.000 militantes. El dato de Hacienda es sesgado, porque no es obligatorio declarar tu militancia política al fisco. Y de hecho mucha gente no lo hace. Sólo 95.000 españoles declaran en el IRPF que pertenecen a un partido, según los últimos datos disponibles.

Peperos al borde de un ataque franquista de nervios / Máximo Pradera *

Mi padre, Javier Pradera, que al frente de Alianza Editorial, tuvo que negociar infinidad de contratos de edición, tenía una máxima que me repetía siempre: Si quieres tener éxito en una negociación, deja siempre que el último euro se lo lleve la otra parte.
 
Su talante moderado y pactista le llevaba a tomarme el pelo cuando me veía metido en pleitos o amenazando con ellos. Siento decirte, hijo mío, que lo tuyo es un trastorno mental llamado querulancia.
 
Al igual que Abraham Lincoln, Pradera estaba convencido de que no hay nada más estresante y angustioso (pleitos tengas y los ganes, dicen los gitanos) que un litigio.

Quienes vuelvan a ver hoy el programa de RTVE Tengo una pregunta para mí dedicado a la Memoria Histórica, en el que Basilio Baltasar entrevista a varios intelectuales (Pradera entre ellos) sobre la polémica ley de Zapatero, se convencerán de que mi padre siempre vio la Transición como una suerte de arreglo extrajudicial. 

Le encantaban las películas americanas de juicios y el modo en que fiscales y abogados estadounidenses luchan siempre hasta el último minuto por ahorrarle tiempo y dinero al contribuyente, cerrando un acuerdo privado entre las partes. Tengo más que constatado que en España tiramos más bien hacia el polo opuesto. Somos capaces de ponerle una demanda a nuestro casero solo porque se niega a cambiarnos la junta de goma de un radiador.

De Shlomo Ben Ami (un híbrido  de político e intelectual por el que sentía gran admiración) Pradera tomó la frase La paz y la justicia son incompatibles.
 
En el sentido de que si de verdad quieres llegar a un acuerdo con la otra parte (en Madrid o en Jerusalén), no puedes emperrarte en que prevalezca un estricto cumplimiento de la justicia: debes permitir, como hacía Pradera en Alianza Editorial con los siempre voraces agentes literarios, que el último euro (por más que  sepas que en puridad te corresponde) se lo lleve la otra parte.

La Transición (decía mi padre) fue una negociación parecida. Los famosos cautivos y desarmados del Ejército Rojo que no fueron exterminados por el sanguinario dictador y se pudrieron en la cárcel durante largos años, así como los exiliados de la República (unos 500.000, según los historiadores más solventes), llegaron a la conclusión, en 1978, de que les compensaba la paz, aunque tuvieran que hacer grandes cesiones.

Lejos de valorar el esfuerzo notabilísimo que llevaron a cabo los perdedores de la Guerra Civil por no llegar a la Ruptura, la derecha española aún se ríe de ellos, con frases a lo Pablo Casado Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién o a lo Rafa Hernando Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.
 
El deseo de paz era tan grande en aquellos años, que los rojos renunciaron a buscar los restos de sus familiares y aceptaron convivir con engendros como el Valle de los Caídos o la placa de homenaje a la Legión Cóndor que Ruiz–Gallardón se negó a retirar del cementerio de la Almudena cuando fue alcalde de Madrid.

Pero de la misma manera que en derecho existe algo llamado novación modificativa del contrato, el pacto de la Transición puede y debe ser renovado. Y debe serlo por las mismas razones por las que se cerró el del 78: porque no es posible la paz si se exige un estricto cumplimiento de la justicia. 

Es cierto que en su día se acordó lo que se acordó, pero la derecha (entre la cual hay buenos abogados) debe entender que ningún contrato es para siempre, y que hoy la mayoría de la población española está a favor de esa novación modificativa del acuerdo que fue la Transición. 

Eso afecta tanto a la necesidad imperiosa de cambiar la Constitución (algo a lo que el PP se resiste como gato panza arriba, al grito de Pacta sunt servanda; Santa Rita, lo que se da no se quita, para los que aborrezcan los latinajos) como a admitir sin refunfuñar que el Estado debe ayudar a que los represaliados del franquismo recuperen los restos mortales de sus deudos.

Y atañe también, como no, al Valle de los Caídos. Hay que sacar los restos de Franco y José Antonio de esos lúgubres sepulcros donde reposan desde hace demasiado tiempo y entregarlos a sus familias, como se ha hecho ya con Mola y Sanjurjo –dos de los cerebros del Glorioso Alzamiento– en Pamplona. 

Hay que desmontar también esa ominosa y prepotente cruz de 130 metros, porque es el símbolo de la Cruzada, la sanguinaria operación ilícita de rescate espiritual de la patria en la que se embarcó Franco al grito de Salvaré a España del marxismo aunque tenga que fusilar a la otra media.
 
Y como dice el profesor Julián Casanova, hay que retirar de una vez por todas la Guerra Civil del debate político e introducirlo en los libros de texto.

Para que los españoles (que desconocen en su mayoría lo que de verdad ocurrió en la Guerra Civil) se puedan carcajear cada vez que un político tortillero e ignorante dice bobadas como las de Rafa Hernando: La República trajo un millón de muertos. Ni fueron un millón (500.000, a lo sumo), ni los trajo la República.

La República trajo, en esencia, la abolición de los privilegios de los ricos y los poderosos. Y los muertos los trajeron aquellos que, como Franco, Yagüe y Mola, exterminaron a media España (150.000 muertos solo en la retaguardia) con tal de conservarlos.


(*) Columnista



martes, 26 de junio de 2018

'Ryanair' afronta un parón salvaje a finales de julio que afectará a 115.000 pasajeros españoles al día


MADRID.- Ryanair está a punto de empezar su verano más convulso. Alrededor 5.000 tripulantes de cabina (TCP) de la mayor aerolínea europea paralizarán sus vuelos en el ecuador del estío si la compañía irlandesa no se decide finalmente a reconocer a sus sindicatos, avanza El Mundo

De uno a tres días puede durar este parón de actividad que sólo en España afectaría a 115.000 pasajeros al día, a razón de al menos seis vuelos diarios con una media de 190 pasajeros para la flota de casi 100 aeronaves que Ryanair basa en nuestro país. En España, previsiblemente, unos 1.800 TCP la secundarán.
Sin embargo, el conflicto no se circunscribirá a España; alcanzará a varios países. 
En una acción sincronizada, Bélgica, Portugal y previsiblemente Alemania y Holanda se sumarán a los TCP españoles en esta más que probable convocatoria en defensa de su derecho a contar con sindicatos en las condiciones en que los ampara la legalidad vigente en sus respectivos Estados. 
Italia, pendiente de una cuestión jurídica debida a un preacuerdo firmado, espera poder aunar sus fuerzas. Mientras el Reino Unido, donde el personal de Ryanair alcanzó un acuerdo hace unas semanas, gracias a que sus contratos sí eran conformes a la legislación británica, se sumará con acciones de apoyo.
El anuncio de huelga, que puede abocar a la legalidad laboral más estricta a la única gran aerolínea que se mantenía al margen en Europa, se producirá en Dublín -sede principal de la compañía- vencido el plazo de este sábado, 30 de junio, para alcanzar un acuerdo. 
Son los días 3 y 4 de julio, cuando los representantes unilaterales de los tripulantes de cabina de la low cost en los distintos países europeos se han dado cita para anunciar medidas.
Según ha podido saber El Mundo, la huelga se ha planeado con un preaviso más amplio que el legalmente obligado, por lo que coincidirá con fechas en el apogeo anual de la actividad aérea.Es decir, que la compañía, que cuenta con 39 bases en Europa, se puede ver paralizada en los últimos días de julio y/o los primeros de agosto.
Ambas partes, hablarán así, a partir de la semana que viene con una huelga sobre la mesa.
Para los representantes sindicales en España, la compañía insiste en mantener determinados aspectos que no se ajustan a la legislación. Entre ellos estarían no reconocer el derecho a la acción sindical que comprende que en las reuniones entren representantes de los trabajadores que no son sólo empleados directos de Ryanair, es decir, de los contratados por las reclutadoras de la aerolínea, Crewlink y Workforce, a cuyo nombre están dos tercios de los contratos. O no estar aún dispuesta a aceptar que los futuros delegados sindicales deben tener tiempo para trabajar en su labor sindical.

Cómo se gestó

La entrada de los sindicatos en Ryanair está siendo un proceso largo pero que se ha precipitado en el último año. Hace sólo seis meses que la irlandesa comunicó su decisión de reconocer a los sindicatos de sus pilotos, que aún siguen en su lucha por lograr derechos laborales mediante una negociación sindical.
Pero la mecha de este conflicto la encidieron los TCP españoles. Fue el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (Sitcpla) quien les abrió camino. En 2009 Sitcpla asistía ya «a un pequeño número de empleados», a los que apoyó a título individual» al defenderlos por «aspectos disciplinarios de Ryanair», dice el portavoz del sindicato, Antonio Escobar. La experiencia fue buena, «mantuvieron su puesto de trabajo», explica.
En 2017 «viene ya un nutrido grupo que quiere que Ryanair comience a evolucionar hacia el siglo XXI», cuenta Escobar, y deciden, a finales del pasado julio, hacer una hoja de ruta con ocho puntos. Constitutir una sección sindical; lograr afiliación masiva; hacer asambleas; convocar elecciones para elegir a sus representantes; notificar la constitución de la sección a la Administración, vía Dirección General de Empleo, y también a Fomento y las diferentes instancias autonómicas relacionadas con la materia. 
Y, sobre todo, notificar a Ryanair la existencia de la nueva sección constituida legalmente y pedir su reconocimiento como tal, algo que se produjo el 6 de octubre.
A partir de ahí se lanzan a denunciar con una carta pública «los seis incumplimientos más groseros en materia laboral y de seguridad social que Ryanair hacía en España», recuerda el portavoz. Pero en el lapso de julio a octubre una sentencia crucial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que el personal de vuelo de Ryanair tuviera derecho a acudir a los tribunales laborales de cada país donde tiene sus bases.
Además se tocaron palos en el plano jurídico contratando a dos despachos de abogados externos sólo para temas de Ryanair y el sindicato visitó sus 13 bases en España para canalizar las demandas de derechos por áreas temáticas y de forma grupal. 
Poco después presentaba ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo sus reclamaciones y ésta les pedía un dosier que entregaban a finales de enero de 2018, con unas 300 páginas.
«Paralelamente hubo conversaciones oficiales» hasta que la sección en Sitcpla se plantó tras las seis sanciones de Ryanair a empleados españoles que rechazaron trabajar en vuelos de la compañía en Portugal justo cuando los TCP vecinos estaban en huelga el pasado abril. Sí continuaron las charlas oficiosas, sin fruto.
Ahora «están hechos a la idea de que tendrán que aplicar la legislación española, adelanta Escobar. Lo demuestra que «Ryanair ya tiene un despacho de abogados en España; hace un año era inconcebible». 
Aún así «habrá huelga porque en la dirección de Ryanair quedan personas enrocadas como el consejero delegado Michael O'Leary o el responsable de recursos humanos, Eddie Wilson». 
 La junta de accionistas del 18 de julio será clave en este aspecto. 
«Los accionistas tendrán que tomar decisiones de orden mercantil». Y «la primera consecuencia de una huelga es que bajan las reservas, pero luego lo hacen las acciones», señala Escobar.
Ryanair declinó hacer comentarios ante la consulta de El Mundo. «No hacemos comentarios sobre las negociaciones con nuestra gente», remarcó un portavoz.

Informe del Tribunal de Cuentas europeo sobre el AVE: pocos pasajeros y sobrecostes

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado este martes un informe sobre la red ferroviaria de alta velocidad europea en el que denuncia la falta de pasajeros en algunas de las líneas españolas y sobrecostes en las obras, así como que los trenes circulan en algunos casos a una velocidad muy inferior a la prevista.

Los auditores europeos han visitado España, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Austria para analizar el gasto en más de 5.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, lo que representa alrededor del 50% del total del bloque comunitario. Su principal conclusión es que, aunque "la longitud de las redes nacionales de ferrocarril de alta velocidad está en crecimiento, no se alcanzará el objetivo de triplicar la longitud de las líneas hasta los 30.000 kilómetros en 2030".
En concreto, el documento analiza diez líneas de alta velocidad (entre las que se encuentran el Eje Atlántico gallego y las líneas Madrid-León, Madrid-Barcelona-frontera francesa y Madrid-Galicia) y cuatro interconexiones transfronterizas (entre ellas, Madrid-Lisboa, Figueras-Perpiñán y la 'Y vasca').
El documento resalta que España es el Estado miembro que ha recibido más fondos europeos para invertir en redes ferroviarias de alta velocidad, con 11.200 millones de euros desde el año 2000 hasta 2017. Esto representa el 47% de los 23.700 millones de euros que la UE ha desembolsado a todos los países en el mismo periodo de tiempo.
A nivel general, los auditores europeos han detectado que los análisis coste-beneficio "no se usaron adecuadamente" y que "la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa habitualmente en consideraciones políticas". 
 "En España la mayoría de los informes tienen ratios coste-beneficio muy bajos y algunos no eran viables desde una perspectiva socioeconómica", señala el informe.
Además, dos líneas españolas de alta velocidad (el Eje Atlántico y Madrid-León) registraron un número de pasajeros bastante inferior al umbral de nueve millones (o seis en su primer año de funcionamiento) que establece la UE para que sean viables. Si se tiene en cuenta el nivel de "pasajeros potenciales" en cada área, el informe denuncia que las inversiones tampoco serán viables en las líneas Figueras-Perpiñán y en la 'Y vasca'.

Sobrecostes y menor velocidad

En relación a los sobrecostes, la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa es la que más se ha desviado entre las españolas con respecto a su presupuesto original (un 38,5%, hasta los 12.109 millones de euros), seguida de Madrid-León (un 33,3%) y el Eje Altántico (un 26,3%). El informe no aporta datos sobre la línea Madrid-Galicia.
No obstante, el mayor sobrecoste entre las líneas auditadas corresponde a la conexión Stuttgart-Múnich, cuyo presupuesto original era de 1.800 millones y se ha disparado un 622% hasta los 13.273 millones. Las obras de esta vía, además, siguen en marcha.
Con respecto a la velocidad real de los trenes, la línea Madrid-Galicia circula a una velocidad alcanza sólo el 29% con respecto a la prevista (110 kilómetros por hora, frente a los 350 kilómetros por hora esperados). 
Esto ocurre también en las conexiones Madrid-León (39%), Eje Atlántico (50%), Madrid-Barcelona (54%) y Figueras-Perpiñán (36%).
El informe también recoge los años que tardaron en completarse las obras de cada una de las líneas, que asciende a 16 años en el caso de la conexión Madrid-Barcelona-frontera francesa y alcanza los 25 años si se cuenta desde que comenzó a planificarse. 
A su vez, la línea Madrid-Galicia tardaría 18 años en construirse si se cumple el plazo de terminarla en 2019, mientras que se tardó 14 años en finalizar las obras del Eje Atlántico y de la conexión Madrid-León.

Las tasaciones de viviendas para hipotecas suben un 8,4% hasta marzo

MADRID.- El número de tasaciones de viviendas con fines hipotecarios se incrementó un 8,44% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El total de las tasaciones efectuadas entre enero y marzo por las 24 sociedades que constituyen la AEV fue de 284.429 valoraciones completas efectuadas, lo que supone un descenso del 5%.

La patronal explica esta caída, la primera en cuatro años, por el número de valoraciones ligadas a requerimientos contables de las entidades financieras, que estima cercano al 17%, debido a la "venta masiva" de carteras de activos inmobiliarios "que se está produciendo" en los últimos meses.

Las entidades financieras, según AEV, están sacando estos inmuebles de los balances bancarios y eliminan así la obligatoriedad de seguir tasándolos periódicamente.

AEV destaca en una nota que, por primera vez desde el inicio de la recuperación, ha descendido el número de tasaciones con fines hipotecarios de edificios en proyecto durante el primer trimestre.

En concreto, cifra este descenso en casi 700 unidades con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta cerca del millar de proyectos.

La secretaria general de AEV, Paloma Arnaiz, advierte de un "cierto cambio de composición" de la actividad de las tasadoras, que a su juicio pasarán "paulatinamente a destinar la mayor parte" de sus recursos a la tasación con finalidades hipotecarias.

Lo explica por la venta de carteras que están llevando a cabo las entidades financieras y añade, como novedad para la labor de las tasadoras, el asesoramiento a fondos de inversión y otros nuevos actores en el sector.

Cofradías de Pescadores crean una base de datos para garantizar la sostenibilidad del sector

GERONA.- Las cofradías de pescadores de Palamós (Gerona), San Pedro del Pinatar (Murcia) y Motril (Granada) se han asociado para crear una base de datos ambiental y socioeconómica que fomente el desarrollo del sector de forma sostenible.

Según informa la primera de estas entidades, el proyecto, denominado Cofradedmed, cuenta también con la participación de biólogos pesqueros y expertos en medio ambiente.

La pesca sostenible estaría basada en la protección de los recursos marinos vivos y los ecosistemas y, para ello, las tres cofradías, que desarrollan su actividad dentro del espacio de protección europeo Red Natura 2000, han desarrollado una tecnología común de localización de áreas con presencia de alevines de especies de alto interés.

El proyecto también contempla el intercambio de conocimiento entre los profesionales, así como su divulgación tanto a la sociedad como a los actores implicados en el sector.

Por el momento, se han determinado las especies a estudiar y se han realizado encuestas y embarques para realizar el muestreo de tallas de peces capturados con el que diseñar cuadros comunes de buenas prácticas y extraer resultados.

Cofradedmed se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca.

Las cotizaciones no cubren la esperanza de vida de los jubilados: se 'agotan' tras 12 años de pensión

MADRID.- Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante toda su vida laboral se agotan en unos 12 años, esto es, que una vez transcurrido ese periodo de tiempo la Seguridad Social ya habría abonado a los jubilados lo equivalente a los derechos que generaron con sus aportaciones al sistema, según los cálculos de El Mundo. 

Sin embargo, la esperanza de vida supera de manera holgada esa cifra, tanto que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles viven una media de 83 años. 
Y si se acude a la misma fuente, se observa que, en el momento de poner fin a su vida laboral, los jubilados presentan hoy una esperanza de vida de unos 21 años superior, lo que indica que vivirán hasta los 86. Por lo tanto, y aunque la Seguridad Social es un sistema de reparto en el que los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados actuales, resulta evidente que el desfase existente entre el periodo que acumulan las aportaciones y el que se prolonga la prestación supone otro punto de presión para el diezmado sistema.
«La Seguridad Social española es muy justa. De hecho, es injusta por exceso, porque a los 12 años de haberte jubilado te ha devuelto todas tus cotizaciones», explica José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones. 
Por ello, entre otros motivos, Herce es un defensor de la necesidad de elevar la edad de jubilación de manera notable y de acometer una profunda reforma en el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Eduardo Bandrés, director de economía pública de Funcas eleva el periodo en el que se agotan las cotizaciones. En su opinión puede llegar hasta los 15 años en función del régimen, pero aun así ese tiempo sigue siendo inferior tanto a la esperanza de vida actual como a la que presentan los nuevos pensionistas.  
Este aumento de vida y desajuste respecto a lo cotizado se suma, además, a que las prestaciones son cada vez más altas y numerosas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó ayer que en el actual mes de junio, y por primera vez en la historia, la nómina mensual de las pensiones superó los 9.000 millones de euros. 
De esta manera, la nómina mensual de las pensiones prosigue con el marcado ascenso que viene experimentando en los últimos años. De hecho, si se hace una comparativa con la situación de hace 10 años, se observa que en 2008 la factura era de 6.138 millones de euros, lo que supone que en la última década se ha disparado un 46%.
Este espectacular incremento viene dado, como ya se ha señalado, por el mayor importe de las pensiones y por el aumento de las mismas. «La pensión media de jubilación asciende a 1.083 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado», explicaba el informe mensual publicado por Trabajo. 
De nuevo, si se hace una comparación con lo que ocurría antes del inicio de la crisis, el resultado es que se ha producido un incremento de más de 250 euros al mes de media. Asimismo, «la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 937,19 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%» y unos 220 euros más que en 2008.
Y en cuanto al número total de prestaciones, los datos de la secretaría de Estado de Seguridad Social evidencian que el sistema «supera los 9,6 millones de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado». 
«Más de la mitad», añade Trabajo, «5.919.154 concretamente, son por jubilación», que son precisamente las que presentan una mayor cuantía media. «2.359.486 corresponden a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares», añade.
En este complejo contexto, el propio Gobierno reconoce que la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit casi crónico, tal y como apuntó la semana pasada la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Santander. Para atajarlo, Valerio ya ha afirmado que el Ejecutivo se plantea buscar nuevas vías de ingresos a través de impuestos e impulsar una mayores cotizaciones a través de incrementos salariales.

Los jóvenes españoles siguen emigrando: son el doble de los que vuelven

MADRID.- Los jóvenes españoles siguen yéndose de España. El saldo migratorio entre los jóvenes (20-40 años) nacidos en España desvela que en el año 2017 se fueron 23.000 personas mientras ‘solo’ 10.000 jóvenes de esa franja de edad volvieron, según www.elboletin.com

Una cifra similar a todos aquellos jóvenes que tienen nacionalidad española y que participaron en movimientos migratorios: la emigración afectó a 44.000 de ellos y la inmigración a 25.000.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca los datos sobre las migraciones durante el pasado año. Entre otras, el saldo migratorio positivo. En 2017, la inmigración supuso la llegada de 532.482 personas a España. La emigración, por su parte, registró la partida de 367.878 personas. Un saldo migratorio positivo de 164.604 personas.
Uno de los registros más destacables del informe presentado por el INE es que siguen yéndose más españoles de los que vuelven. Entre nacidos en España y personas con nacionalidad española, se fueron 87.685 personas y volvieron 78.058.
El grupo de edad más afectado por esos movimientos migratorios fue el que comprende entre los 20 y los 40 años de edad. El principal punto de destino, Reino Unido, por lo que el Brexit no parece un inconveniente a la hora de buscar trabajo en el extranjero.
Además de Reino Unido, Francia, Estados Unidos de América, Alemania y Ecuador, fueron los principales lugares donde emigraron los españoles durante el 2017.
“Cabe destacar que en casos como los de Ecuador, Colombia o Bolivia se trata, fundamentalmente, de población no nacida en España o de niños menores de 16 años, lo que parece indicar una migración de retorno de ciudadanos extranjeros que han adquirido la nacionalidad española junto con sus hijos nacidos en España”, asegura el INE.
La emigración de jóvenes españoles (nacidos en España y/o quienes tienen la nacionalidad) ha aumentado paulatinamente en los últimos 4 años. La cifra más alta se produjo en 2015, cuando emigraron cerca de 42.000 jóvenes. Ese mismo año, el retorno de personas dentro de esa franja de edad (nacidos en España y/o con nacionalidad española) no superó los 17.500.

Atún, cerámica o albaricoques: las otras barreras comerciales que Trump aplica a España

MADRID.- EE UU está ahora mismo gravando las exportaciones de acero y aluminio de España, con un impacto para la industria española de 7.700 millones de euros. Pero no son los únicos aranceles que está aplicando. Un informe de la Secretaría de Estado de Comercio detecta hasta cinco conflictos sin resolver, denunciados por los exportadores españoles. Al ya conocido de la aceituna negra se suman otros cuatro, revela hoy Cinco Días.

España es el primer suministrador de aceituna negra a EE UU, con un volumen de negocio que escaló a 58 millones de euros. Además del arancel aplicado durante el pasado ejercicio por vender supuestamente por debajo de coste, el 100% de los contenedores son parados en puertos e inspeccionados en destino, lo que supone, según estimaciones empresariales, perdidas del 5% sobre la ventas. Ambas afectan a 20 empresas.
Otra barrera de acceso al mercado estadounidense la sufren los productores de bebidas alcohólicas. Un grupo de 1.700 empresas españolas, que exportan por valor de 300 millones de euros, denuncian que están siendo discriminadas frente a los productores locales, ya que les obligan a negociar con distribuidores y minoristas para hacer ventas directas, mientras que las empresas estadounidenses lo pueden hacer de forma directa. 
Asimismo, las compañías españolas también denuncian que no se pueden beneficiar de las reducciones fiscales incluidas en la última reforma fiscal de Trump para 2018 y 2019.
EE UU ya aplica aranceles a determinados productos españoles y europeos desde hace varios años. De hecho fue uno de los puntos que estuvo en la mesa de negociaciones del tratado de libre comercio de EE UU y la UE, conocido como TTIP por sus siglas en inglés, y que finalmente no salió adelante por la falta de acuerdo con el Ejecutivo de Barack Obama. Los productos más afectados era el atún en aceite de oliva, con una arancel del 35%; las conservas de albaricoque, con un recargo entre el 10% y el 30%; piezas de automóvil, con un 13%, y las alcachofas un 11%. 
El sector más afectado, sin embargo, es el cerámico, con 175 millones de exportaciones, mientras que en el de la automoción solo se ve afectado 15 de los 1.500 millones que exporta.
Otra barrera que está contemplada en la legislación estadounidense, aunque por ahora sólo se ha aplicado con una empresa canadiense, se refiere a un artículo de la ley Helms-Burton, que fija el embargo a Cuba. 
Ese artículo concede a los ciudadanos norteamericanos, cuya propiedad fue expropiada por el gobierno de Cuba, la posibilidad de llevar a los Tribunales de Estados Unidos a empresas extranjeras que desarrollan actividades económicas con dichas propiedades.  
Esto puede afectar a hoteleras como Meliá o Iberostar, las dos con mayor presencia en Cuba. La hotelera dirigida por Gabriel Escarrer cuenta en la actualidad con 39 hoteles y 15.584 habitaciones, mientas que la firma dirigida por la familia Fluxá tiene 17 hoteles.

Correos convoca 2.300 plazas de personal fijo en toda España

MADRID.- Correos ha abierto hoy formalmente una convocatoria para proveer 2.295 plazas de personal laboral fijo en toda España, en puestos de reparto urbano y servicios rurales motorizados y no motorizados, agentes de clasificación y atención al cliente. El plazo de inscripción ha quedado abierto desde hoy y hasta el próximo 4 de julio, a través de la página web de Correos.

Las modalidades de contratación serán, con carácter general, a tiempo completo, a excepción de los puestos de agente de clasificación y atención al cliente, que serán a tiempo parcial, preferentemente con jornada de cuatro a cinco horas.
Para el reparto urbano y servicios rurales motorizados, Correos ha convocado 1.170 plazas y para este mismo servicio pero no motorizado, el número de plazas convocadas es de 266.
Las plazas disponibles para agentes de clasificación a tiempo completo alcanzan las 256, y 109 plazas irán a destinadas a este mismo puesto pero a tiempo parcial.
Para la atención al cliente a tiempo completo, Correos ha convocado 294 plazas, en tanto que a tiempo parcial habrá 200 puestos para cubrir.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera la convocatoria anunciada por Correos como "positiva aunque insuficiente" y añade en una nota que llega con un retraso de dos años.
CSIF ha denunciado que la convocatoria de otras 1.869 plazas para esta empresa estatal, aprobada en diciembre de 2017, aún no se ha iniciado seis meses después.