MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha fijado finalmente
el próximo 5 de noviembre para la celebración de una vista pública para
revisar la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que condenó al
abogado y presidente del Sevilla F.C., José María del Nido, y al
exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, a siete años y medio de
cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por el denominado 'Caso
Minutas', en el que se investigaron irregularidades en los encargos
jurídicos del Ayuntamiento marbellí.
En principio, el Supremo había decidido deliberar sobre este
asunto a puerta cerrada el pasado 18 de septiembre, si bien a petición
de las partes finalmente se celebrará una vista pública para exponer los
motivos de los recursos de casación, que ha sido fijada para el próximo
5 de noviembre, según fuentes del alto tribunal.
La sentencia, de la que será ponente el magistrado José Ramón
Soriano, resolverá el recurso interpuesto contra la Audiencia de Málaga
tanto por la Fiscalía como por diez de los procesados por este asunto.
Completan la Sala, que estará presidida por el exfiscal general del
Estado Cándido Conde-Pumpido, los magistrados Andrés Martínez Arrieta,
Miguel Colmenero y Alberto Jorge Barreiro.
Revisarán la resolución que consideró al máximo mandatario del
club sevillano y al que fuera edil de Marbella culpables de delitos
continuados de fraude, prevaricación y malversación de caudales
públicos.
El presidente del Sevilla fue absuelto de delitos societarios,
falsedad documental, tráfico de influencias, deslealtad profesional;
apropiación indebida y presentación de documento falso de los que le
acusaba el Ayuntamiento.
Al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca se le condenó a cuatro
años de prisión por los delitos de fraude en concurso medial con
malversación, mientras que se condenó a otras seis personas, como la
exmujer de Del Nido, Ángeles Carrasco, a dos años de cárcel y seis de
inhabilitación, por fraude en concurso con malversación.
En cuanto a la responsabilidad civil, Muñoz fue condenado a
indemnizar con tres millones de euros al Ayuntamiento de Marbella por
minutas libradas, mientras que Del Nido debía pagar al Consistorio, de
forma conjunta y solidaria con el exregidor, un total de 2,7 millones de
euros.
Por contra, la Sala absolvió a siete de los acusados, como son los
exediles marbellíes José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz,
Rafael González y Marisa Alcalá,, así como a Tomás Reñones y a Juan
Flores. Al exsecretario municipal Leopoldo Barrantes se le exoneró de
falsedad documental, prevaricación, fraude, malversación de caudales
públicos y prevaricación. Mientras que se retiró la acusación contra
Antonio Calleja.
La Audiencia Provincial declaró probado que Del Nido desde el
primer momento que llegó al Ayuntamiento de Marbella "asumió el
protagonismo que tenía su antecesor", en referencia al letrado José Luis
Sierra, mano derecha del entonces alcalde Jesús Gil; y apunta a que "se
convirtió en acompañante asiduo" de Muñoz, "respaldo continuo en sus
decisiones y atento a prestarle consejo".
Así, la Audiencia de Málaga detallaba en este apartado cómo empezó
el proceso fiscalizador del Ayuntamiento y sus sociedades municipales
por parte del Tribunal de Cuentas, que lo acordó en abril de 1999, y los
trámites realizados desde el Consistorio para que Del Nido se hiciera
cargo de trabajos frente a ese proceso inspector, así como las minutas
emitidas y facturadas por éste.
El Tribunal dice que "por los hechos imputados a los acusados en
este procedimiento el Ayuntamiento de Marbella sufrió la pérdida de
varios millones de euros en una continua desviación de caudales públicos
a fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico". Se
consideraron esos encargos "innecesarios", lo que "se evidencia también
en la nula utilidad de la inmensa mayoría de los conceptos cobrados".
"Desde 1999 a 2003, de una forma que puede calificarse de
sistemática por su reiteración, los acusados que han resultado
condenados descapitalizaron en su propio interés el Ayuntamiento de
Marbella con una serie de contratos nulos", se indica en la resolución,
cuyo ponente es el magistrado Carlos Prieto.
Además, añadía que "no sólo fue inexistente en todos ellos el
respeto a las más elementales normas administrativas de adjudicación de
contratos públicos, sino que en la inmensa mayoría de los casos
enjuiciados en este proceso los encargos que pretendían justificar los
pagos eran innecesarios para los fines institucionales y con un
presupuesto tan ilimitado como incierto".
Se indicaba que "a través de múltiples indicios", el Tribunal "ha
alcanzado la convicción de que las designaciones objeto de acusación
tenían como principal justificación la de proporcionar excusas para el
libramiento de improcedentes facturas para satisfacer el ánimo de lucro
de Julián Felipe Muñoz, José María del Nido y los demás participantes de
los acuerdos fraudulentos a costa de las arcas municipales".
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