MADRID.- La factura de la luz de mayo, a falta
de tres días para que finalice el mes, es un 5 % más barata que la de
abril, con lo que encadena su octavo descenso consecutivo desde octubre
del año pasado, y es un 8,7 % más baja que la que se registró en mayo de
2018.
Según los datos obtenidos del simulador de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (disponibles a
fecha de hoy hasta el 28 de mayo), la factura para un consumidor tipo
-con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de
3.000 kilovatios hora (250 KWh al mes)- acogido a la tarifa regulada o
Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ascendió en mayo
hasta esa fecha a 53,74 euros, 2,82 euros menos que en abril.
El recibo de la luz de mayo de este año es también 5,17 euros más barato que el del mismo mes del año pasado.
En
el mercado mayorista también han bajado los precios, y el precio medio
diario en el mes de mayo ha sido de 48,4 euros/megavatio hora (MWh), un
13,5 % inferior al precio medio de mayo de 2018 y un 4,2 % menor que el
de abril del presente año.
La cotización del futuro para 2020 del mercado eléctrico español a 29 de mayo ha sido de 56,08 euros/MWh.
Según
la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), si se
tiene en cuenta la evolución del mercado diario hasta la fecha y las
cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio
del mercado eléctrico español es de 54,6 euros/MWh, un 5 % menor que el
de 2018.
Fue precisamente a finales de mayo pasado
cuando en el mercado mayorista los precios de la electricidad iniciaron
una escalada, hasta cerrar septiembre con un precio medio de 71,27
euros/MWh, un 40,5 % por encima de la media de los últimos cinco años.
La factura de la luz también empezó en mayo de 2018 a encadenar subidas y en ese mes repuntó un 7,7 %.
El
coste de la electricidad en el mercado mayorista supone el 35 % de la
factura para un consumidor acogido a la tarifa regulada y el resto
corresponde a peajes fijados por el Gobierno e impuestos.
El sindicato UGT ha asegurado este
viernes que Delegación del Gobierno ha iniciado un procedimiento contra
Deliveroo tras constatar que siete inmigrantes irregulares entregaban
pedidos, supuestamente gracias a la cesión de una cuenta por parte de
otros repartidores que sí estaban dados de alta.
El
abogado de UGT en el juicio contra Deliveroo que se celebra este
viernes, Bernardo García, ha precisado en declaraciones a los
periodistas que estas siete personas forman parte de los más de 500
repartidores que fueron objeto de una investigación por parte de la
Inspección de Trabajo en Madrid entre octubre de 2015 y junio de 2017.
Por su parte, fuentes de Deliveroo han asegurado que no tienen constancia de dicho procedimiento.
El
acta levantada por la citada Inspección fue lo que provocó que la
Tesorería de la Seguridad Social presentara una denuncia contra esta
plataforma, que se sienta ahora en el banquillo acusada de tener a estos
repartidores como falsos autónomos, por lo que le reclama 1,2 millones
de euros en cotizaciones.
García, que defiende a 6 de
los siete inmigrantes afectados, ha apuntado que entre ellos también hay
"algún solicitante de asilo", y ha precisado que este procedimiento de
la Delegación de Gobierno se desarrolla de forma paralela al iniciado
por la Seguridad Social.
"Vamos a intentar que la
empresa reconozca que existe una relación laboral y que a partir de ese
arraigo puedan quedarse y tener permiso para residir en España", ha
afirmado.
El abogado ha recordado que el repartidor
fallecido el sábado en Barcelona cuando entregaba un pedido de Glovo era
un caso similar, ya que también se trataba de un inmigrante sin
autorización para trabajar.
"Glovo sabe que el
terminal desde el que se conecta el repartidor no coincide con el
habitual de esa cuenta (...) Pero a las plataformas les interesa que el
reparto se lleve a cabo", ha advertido.
Deliveroo defiende la flexibilidad
La compañía de reparto de comida a
domicilio Deliveroo ha defendido hoy que sus repartidores prefieren la
"flexibilidad" que les conceden para "priorizar su vida sobre el
trabajo", en contraste con la posición de la asociación Riders x
Derechos, que acusa a las plataformas de "esclavitud enmascarada".
Así
lo han señalado portavoces de ambas partes en declaraciones a los
periodistas a las puertas del Juzgado de lo Social de Madrid, donde se
celebra este viernes un juicio contra Deliveroo por tener a más de medio
millar de repartidores presuntamente como "falsos autónomos", según el
criterio de la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad
Social.
"Los repartidores son autónomos porque ellos lo quieren,
así tienen el control y pueden elegir cuánto trabajan, dónde, cómo y con
quién lo hacen", ha defendido la directora de Comunicación de la
compañía, Carolina Pérez.
Ha recordado que si el juez
ordena su reclasificación como empleados "perderían estos beneficios", y
ha incidido en que para la empresa es "primordial" garantizar la
seguridad de este colectivo.
Sin embargo, desde
Deliveroo aseguran que bajo la actual legislación introducir más medidas
para proteger a los repartidores supondría difuminar aún más la barrera
entre el autónomo y el no autónomo, por lo que reclaman una "reforma
legal" que garantice "su seguridad sin poner en riesgo la flexibilidad".
Sin
embargo, el miembro de la asociación Riders x Derechos Martino
Corregiari ha insistido en que "somos falsos autónomos porque no existe
esa libertad ni esa flexibilidad. Deliveroo funciona a través de un
algoritmo que, a través de un 'ranking' elaborado en base a una
evaluación interna, te da acceso o no a una serie de horas y a pedidos".
Desde
esta agrupación, que acusa a las plataformas digitales de precarización
y de no respetar los derechos laborales, han recordado que los
repartidores cobran por pedido y no por horas, y que en la práctica
tienen más trabajo aquellos que "que están siempre disponibles en las
horas de mayor demanda", lo que en su opinión demuestra que de facto no
existe esa supuesta libertad de elección.
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