Se trata de una norma antigua, la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, pero que se ha añadido una modificación y se ha vuelto a incluir en el BOE, pese a que la situación del campo ha empeorado considerablemente y pese a las constantes peticiones de ayuda del sector.
En la ley se establece, entre otras cosas, que "no se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria:
- Abandono definitivo del cultivo del viñedo.
- Prima al arranque de plantaciones de manzanos.
- Prima al arranque de plataneras.
- Abandono definitivo de la producción lechera.
- Abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y nectarinas.
- Arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarinas.
- Abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar.
- Ayudas a los regímenes en favor del clima y del medio ambiente (ecorregímenes)".
Es decir, que el estado establece unas ayudas para todos aquellos campesinos y agricultores que se 'suiciden' a sí mismos, desde el punto de vista técnico.
Una medida que, como explican fuentes afectadas, es un sinsentido que se basa en políticas "globalistas" que no busca el bien del campo, sino destruirlo en 'pro', supuestamente, de la sostenibilidad.
"Es un escándalo, el Estado busca despojar a los agricultores y ganaderos españoles a través de pequeños 'sobornos' de sus explotaciones para dejar la producción en manos extranjeras para cumplir los absurdos tratados de comercio globalistas que se imponen y desindustrializar España", ha denunciado a este periódico un representante de SOS Rural, una plataforma que da voz a las necesidades del campo y pide soluciones eficaces contra la política globalista.
Declaran que este punto de la ley "es una vergüenza", porque "España es un país productor y no tiene sentido quitar producciones", cuando es la base de nuestra economía.
En defensa de la ley, hay muchos que señalan que lleva muchos años en vigor (desde el año 2014), que no se trata de algo nuevo que se ha llevado a cabo durante este Gobierno.
Pero las fuentes consultadas explican que 'duele' que se haya reconfirmado en el BOE del 12 de mayo de 2023, porque ahora la situación del sector es muy delicada y necesitan ayudas más que nunca. ¿Cómo, en un momento de tanta de necesidad de inversión y estando la sociedad sumida en esta crisis, pagan por que cerremos y mutilemos nuestras tierras?, se preguntan.
El campo vive una situación compleja, que viene de años atrás por el abandono de la España vaciada, por el poco valor social que se le da al trabajo del campo y por la influencia de la Agenda 2030, que ha señalado como culpable del cambio climático a la actividad del sector primario y que ha llevado a que se tomen medidas tan "disparatadas" como la de despojar a los agricultores de su fuente de trabajo.
Pero la situación ha empeorado los últimos meses, por la compleja situación económica (guerra de Ucrania, crisis post-pandemia, inflación...), por los fenómenos meteorológicos, como la sequía, pero también por las políticas del presidente de Gobierno.
Las fuentes denuncias que se trata de un paso más en la Agenda 2030 y que busca, "por intereses poco claros", dejar la "producción en manos extranjeras".
Manuel Gavira, parlamentario andaluz de Vox, ha dicho en sede parlamentaria que "cuando en Vox denunciamos las consecuencias de aplicar los postulados de la Agenda 2030, a muchos les hace gracia.
Sin embargo, las consecuencias cada día son más visibles, como ya vemos en Holanda. Este es el plan de Europa que muchos aún siguen negando a pesar de las evidencias: reducir las explotaciones agrícolas y ganaderas, pagando incluso para lograrlo, para matar el mundo rural.
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