MADRID.- Tras cuatro rondas secretas de conversaciones y tanteos entre los equipos de España y el Reino Unido, el futuro de Gibraltar tras el Brexit
ha encallado peligrosamente. La “generosidad y buena disposición
inicial” de ambas partes ha tropezado con un escollo que parece
insalvable: la gestión común que se pretende del aeropuerto asentado en
el istmo. La propuesta de España de introducir policías nacionales para
controlar las fronteras Schengen del aeródromo ha reavivado las
suspicacias sobre la olvidada pretensión de la soberanía, a juicio de El País.
“Hemos llegado al punto de inflexión en las negociaciones y hemos
tocado hueso”, concluyen con frustración los negociadores españoles tras
cinco meses de contactos. Hay una sensación de malestar ante la
hipótesis cierta de una gran oportunidad perdida por el equipo
negociador del Ministerio de Exteriores español para tratar con sus
homólogos británicos sobre el futuro de Gibraltar tras el Brexit.
En el
lado gibraltareño, que en ocasiones se integra en la delegación
británica, se constata sobre todo desconfianza. Nada está aún cerrado ni
descartado pero cuando se ha abordado el meollo del conflicto, con
ofertas concretas que implican cesiones, han resucitado los recelos.
Las conversaciones bilaterales empezaron a primeros de enero, en
paralelo a las globales con la Unión Europea. El calendario fijado
apremia y las condiciones deben plasmarse en un documento a finales de
junio. En marzo de 2019, el Reino Unido abandonará la UE y aún no está
asegurado el periodo transitorio que debe prolongar las relaciones
británicas con la Unión hasta las navidades de 2020.
Gibraltar se iría
entonces, igual que el Reino Unido, con todo lo que ello conlleva. En el
Campo de Gibraltar la preocupación es máxima, entre otras razones
porque unos 13.000 trabajadores transfronterizos que cruzan cada día la
verja.
En ese ambiente y con esos límites se afrontaron las negociaciones.
Las autoridades de ambos lados fijaron como prioridad, al menos
públicamente, no perjudicar a los ciudadanos de la zona y, si fuera
posible, hasta mejorar sus condiciones actuales. Pero los escenarios y
las intenciones son muy diferentes.
La renta per cápita de Gibraltar, el
PIB nominal, se estimó en 2015-2016 en 54.979 libras (64.315 euros), el
cuarto del ranking del Fondo Monetario Internacional (FMI),
muy por encima de Reino Unido, que ocupa el puesto 28º; o de España, que
está en el 36º. En Gibraltar no hay paro, pero en los municipios del
Campo ronda el 40%.
El departamento de Exteriores de Alfonso Dastis considera que ahora
es el momento de “negociar algo muy novedoso e inédito con mentalidad
del siglo XXI y no de personas del siglo XIX”. Tras los guerreros
planteamientos de su antecesor, José Manuel García Margallo. Dastis
rebajó mucho el tono de sus declaraciones.
En el entorno de Fabián
Picardo, el primer ministro de la Roca, se agradeció esa disposición en
privado. Pero en público sigue presionando, sobre todo al Reino Unido,
para que no afloje en sus pretensiones.
Y continúa con la campaña
europea e internacional (la pasada semana ante congresistas
estadounidenses en Washington tras una visita del secretario de Estado
español de Exteriores, Ildefonso Castro, que no gustó) para cuestionar
el logro de la diplomacia española de incluir su capacidad de veto sobre
cualquier acuerdo.
Ha habido cuatro rondas de contactos muy discretas, con aparente buena
sintonía e intercambios de propuestas genéricas, pero en la última
sesión, hace apenas dos semanas, los recelos volvieron a la mesa, con
consecuencias imprevisibles. El motivo: la gestión común del aeropuerto
asentado el Peñón, construido por Gibraltar con una inversión de unos 70
millones de euros tras la firma de los acuerdos de Córdoba, en 2006,
con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
España se comprometió
entonces a realizar una terminal de acceso directa desde su territorio,
que nunca se construyó. Con esos y otros incumplimientos gibraltareños,
el intento español de introducir ahora policías nacionales para
controlar las futuras aduanas aeroportuarias del espacio Schengen se ha
visto como una injerencia inasumible.
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