MARBELLA.- Salió a
cenar con sus compañeros de trabajo y acabaron en una discoteca.
Recordaba que estaba bailando. La siguiente certeza de esta mujer de 35
años es que se hallaba cerca de su domicilio. Se encontraba
desorientada. No sabía lo que había pasado. Estaba perdida. Se miró y vio que tenía la ropa interior desgarrada.
Se lo contó a una amiga y comenzaron las sospechas. La otra mujer le
dijo que estaba en la fiesta desatada, pero la víctima no recordaba
haber bebido tanto como para estar así, relata Abc.
Fueron al hospital Costa del Sol
de Marbella. Allí la recibió el equipo de la doctora Carmen Agüera, pionero en Andalucía en detectar «sumisión química»
en los casos de agresiones sexuales con un protocolo puesto en marcha a
principios de 2017. Ahora extendido a cinco hospitales de Málaga por la
Junta de Andalucía.
La chica relató todo lo ocurrido y se le exploró. Se determinó que había tenido un contacto sexual, al que la víctima decía no haber dado consentimiento.
Fue cuando se activó el protocolo contra las agresiones sexuales,
llamando a la Policía Nacional para que se personara en el hospital. Se
le hizo la entrevista clínica conjunta y, tras conocer los detalles, se
avisó al juzgado, que requirió la presencia de los forenses para las
pruebas periciales. Al final, la chica denunció la violación y el delito pasó a ser investigado.
Este
procedimiento se ha seguido en el último año en este centro sanitario en
21 ocasiones, entre el que se encuentra el caso de la soldado
presuntamente violada en el acuartelamiento del Ejército del Aire de
Antequera. El departamento ha atendido 48 agresiones sexuales en 2017 y en el 98 por ciento de los casos han sido mujeres.
«A los menores no se les somete con drogas, porque existe una relación
de poder entre el agresor y la víctima», explica Carmen Agüera,
coordinadora del protocolo, quien asegura que, en los menores atendidos
por agresión sexual, una de las precauciones que se toman es hacer la
entrevista clínica en solitario porque «no se sabe si el agresor es la
persona que lo acompaña».
El
objetivo es que la víctima denuncie y, tras eso, poder aportar pruebas
para el delito en un futuro proceso judicial. Como aquella chica de la
fiesta de empresa, sólo se cuenta una vez la experiencia. «Han pasado por la situación más humillante.
La empatía es importante para que se sientan acompañadas y protegidas,
para que no desistan de denunciar y seguir adelante», señala Agüera,
quien añade que se simplifica un proceso «muy doloroso», donde se tiene
que recordar varias veces lo ocurrido y que lleva a las víctimas a
«abandonar para no revivir la experiencia». Es parte de lo que se trata
de evitar.
La toma de muestras para probar la violación se hace de una vez,
por eso se requiere la presencia de los forenses. Se hacen análisis de
orina, sangre o fluidos en el propio hospital. Se recogen objetos y se
toman posibles muestras de restos en la piel o el pelo, que se envían al
Instituto Médico Legal.
Algunas se envían también al Instituto Nacional
de Toxicología para detectar la posible presencia de alguna droga –si
hay sospechas–.
Suelen ser positivos en la conocida burundanga (escopolamina), pero también en otro tipo de narcóticos como la quetamina, diazepina e hipnóticos para el sueño.
«Casi siempre asociados con el alcohol, porque a la víctima se les
suministran disueltas en la copa», afirma Agüera, que relata que se
activa la parte toxicológica cuando el paciente tiene confusión, lapsus
de tiempo, amnesia o un bajo nivel de conciencia.
«Suelen estar
desinhibidas y no presentan síntomas de haberse resistido de forma violenta», añade la doctora.
La actuación con la víctima acaba con una planificación de seguimiento del paciente en el que se pone un tratamiento de las lesiones, si las tiene, y otro profiláctico para
combatir enfermedades venéreas o posibles infecciones. Las víctimas son
dadas de alta en el hospital y se les dirige a otros estamentos para
que tengan un apoyo psicológico contra los traumas que pueda tener por la agresión, un asesoramiento judicial y equipos de trabajadores sociales que les ayuden a salir de la situación vital en las que les deja este tipo de delitos.
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