PALOS DE LA FRONTERA.- La Diputación de Málaga destinará este año más de 3,4 millones de euros
para obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). Se llevarán
a cabo 310 actuaciones que supondrán más de 15.000 contratos para
personas desempleadas.
Así lo ha dado a conocer este jueves el vicepresidente primero de la Diputación malagueña, Cristóbal Ortega, tras la firma del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones andaluzas para la financiación del coste de los materiales de los proyectos de obras y servicios que se incluyan en ese programa.
Al acto, celebrado en el Monasterio de La Rábida (Palos de la Frontera), han asistido también el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la viceconsejera, Ana María Corredera, entre otros responsables públicos.
La aportación total de la Junta de Andalucía al programa es de 65,7 millones de euros para obras que crearán 120.000 empleos, han indicado desde la Diputación de Málaga en un comunicado.
En el caso de la provincia de Málaga, el coste de los materiales asciende este año a 9,5 millones de euros, de los cuales la Junta de Andalucía subvenciona el 75% (7,1 millones) y la Diputación el 25% (2,4 millones).
Por su parte, el Gobierno central, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, que ascienden a 21,1 millones de euros. Sobre este importe, la Diputación hace una aportación voluntaria de un 5% que asciende a más de un millón de euros, por lo que la inversión total es de 3,4 millones, 145.000 euros más que el año pasado.
De los 310 proyectos de este año, la Diputación se encarga de la redacción de 110, y los técnicos de la institución visitan más de la mitad de las obras que se ejecutan. Además, el ente provincial asume la coordinación y gestión del programa en la provincia y se encarga de la justificación final de los proyectos que reciben la subvención por el coste de los materiales.
Ortega ha destacado la importancia de este programa que contribuye a la mejora de las infraestructuras y equipamientos de los municipios malagueños. Así, los proyectos incluidos en el PFEA contemplan, por ejemplo, el arreglo de calles, plazas, vías de acceso, caminos y otras infraestructuras urbanas; y la mejora de dependencias y edificios municipales.
También de instalaciones deportivas, sociales y culturales; la eliminación de barreras arquitectónicas; la adecuación de zonas verdes y recreativas; servicios de limpieza y mantenimiento, y trabajos de pintura y acondicionamiento de edificios municipales y mobiliario urbano. Todos estos proyectos deberán estar ejecutados antes del 30 de septiembre de 2024.
Para llevar a cabo estas actuaciones se contrata a personas inscritas como demandantes de empleo en los municipios, por lo que el PFEA sirve también para generar empleo. Los 15.000 contratos que generarán este año las obras del PFEA supondrán unos 270.000 jornales.
Durante el acto, el consejero ha defendido que "Andalucía puede decir a España que ha hecho una buena inversión de este programa", como demuestra que la Comunidad no sufra la despoblación de otros territorios.
Así lo ha dado a conocer este jueves el vicepresidente primero de la Diputación malagueña, Cristóbal Ortega, tras la firma del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones andaluzas para la financiación del coste de los materiales de los proyectos de obras y servicios que se incluyan en ese programa.
Al acto, celebrado en el Monasterio de La Rábida (Palos de la Frontera), han asistido también el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la viceconsejera, Ana María Corredera, entre otros responsables públicos.
La aportación total de la Junta de Andalucía al programa es de 65,7 millones de euros para obras que crearán 120.000 empleos, han indicado desde la Diputación de Málaga en un comunicado.
En el caso de la provincia de Málaga, el coste de los materiales asciende este año a 9,5 millones de euros, de los cuales la Junta de Andalucía subvenciona el 75% (7,1 millones) y la Diputación el 25% (2,4 millones).
Por su parte, el Gobierno central, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, que ascienden a 21,1 millones de euros. Sobre este importe, la Diputación hace una aportación voluntaria de un 5% que asciende a más de un millón de euros, por lo que la inversión total es de 3,4 millones, 145.000 euros más que el año pasado.
De los 310 proyectos de este año, la Diputación se encarga de la redacción de 110, y los técnicos de la institución visitan más de la mitad de las obras que se ejecutan. Además, el ente provincial asume la coordinación y gestión del programa en la provincia y se encarga de la justificación final de los proyectos que reciben la subvención por el coste de los materiales.
Ortega ha destacado la importancia de este programa que contribuye a la mejora de las infraestructuras y equipamientos de los municipios malagueños. Así, los proyectos incluidos en el PFEA contemplan, por ejemplo, el arreglo de calles, plazas, vías de acceso, caminos y otras infraestructuras urbanas; y la mejora de dependencias y edificios municipales.
También de instalaciones deportivas, sociales y culturales; la eliminación de barreras arquitectónicas; la adecuación de zonas verdes y recreativas; servicios de limpieza y mantenimiento, y trabajos de pintura y acondicionamiento de edificios municipales y mobiliario urbano. Todos estos proyectos deberán estar ejecutados antes del 30 de septiembre de 2024.
Para llevar a cabo estas actuaciones se contrata a personas inscritas como demandantes de empleo en los municipios, por lo que el PFEA sirve también para generar empleo. Los 15.000 contratos que generarán este año las obras del PFEA supondrán unos 270.000 jornales.
Durante el acto, el consejero ha defendido que "Andalucía puede decir a España que ha hecho una buena inversión de este programa", como demuestra que la Comunidad no sufra la despoblación de otros territorios.
Al mismo tiempo, ha abogado por actualizar el programa para reducir trámites burocráticos a los ayuntamientos y crear empleo no solo vinculado a obras, sino también a la prestación de servicios sociales.
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