MÁLAGA.- La defensa del alcalde de Tolox,
Juan Vera (Convergencia Andaluza), ha pedido la absolución del regidor
en la causa en la que fue condenado a un año de prisión y ocho de
inhabilitación por la concesión de una licencia para la construcción de
17 viviendas, al considerar que dicho permiso es "correcto" y que el
suelo es urbano. Por contra, el fiscal ha solicitado la confirmación de
la sentencia y las penas impuestas.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha acogido este lunes
la vista sobre los recursos presentados por los abogados de Vera y de
un arquitecto técnico municipal, condenado al igual que el alcalde por
un delito de prevaricación urbanística en una sentencia dictada por el
Juzgado de lo Penal nº 4 de Málaga. Se trata de una licencia
otorgada en junio de 2005 a una empresa para 17 viviendas de dos plantas
y ático.
El suelo donde se iba a construir, según la sentencia, era no
urbanizable común y el permiso se dio "a pesar del informe jurídico
desfavorable de la secretaria municipal". El arquitecto del Ayuntamiento
emitió un informe favorable "con absoluta indeterminación" de las
razones. Además, el juez consideró que en 2005 y 2006, el alcalde creó
"un desmesurado crecimiento urbanístico" con la concesión "masiva e
irregular" de licencias de obra.
El letrado del alcalde ha explicado que un juzgado
Contencioso-Administrativo de la capital ha dictaminado que el suelo es
urbano y ha aludido a la aplicación del artículo 45 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) sobre los terrenos que
obtienen dicha calificación "conforme van incorporando los accesos
rodados o los servicios de abastecimientos de agua, saneamiento y luz".
Además, ha apuntado que esta zona está unida a la malla urbana de Tolox.
Asimismo, la defensa ha aportado otra documentación sobre la
delimitación total del suelo urbano de Tolox realizada por la Junta de
Andalucía y ha asegurado que "el territorio no ha sufrido ningún
desorden", al no haberse edificado. También ha indicado que el juez de
instancia no debió hacer referencia en su sentencia, que ya tuvo que
corregir, al supuesto comportamiento generalizado por parte del regidor
para otorgar licencias, al ser otras causas distintas.
Por contra, y a este respecto, el representante del ministerio
fiscal ha sostenido que se trata de una sola causa dividida en nueve
piezas, circunstancia que hay que tener en cuenta, ha dicho, recordando
que el procedimiento se inició por el aumente "elevado" de
construcciones. Ha apuntado que no se realizó el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), "quizá para entrar en una confusión",
aludiendo al caso de Marbella.
Sobre la delimitación del suelo, la acusación pública ha indicado
que se realiza ahora porque antes no se había hecho, aunque se debió
hacer, y respecto a la resolución del juzgado sobre el carácter urbano
del suelo, ha asegurado que está recurrida, poniendo de manifiesto que
por parte de las defensas "no se hace referencia a otra sentencia que
dice lo contrario". Además, ha insistido en que en la zona solo hay un
vial y está "bastante" alejada del centro.
También el ex alcalde de Benalmádena
El exalcalde de Benalmádena Enrique
Bolín ha asegurado este lunes, por su parte, que concedió por decreto licencias para la
construcción de una vivienda porque ya se habían corregido los
problemas técnicos y, en cualquier caso, se contaba con los informes
correspondientes favorables; aunque ha asegurado que no veía todo el
expediente completo, sino una carpeta con la propuesta final.
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Málaga ha acogido este lunes el
juicio al exregidor de Benalmádena, acusado por un delito contra la
ordenación del territorio al conceder por decretos las licencias de
obras necesarias para la construcción de una vivienda en contra de las
normas vigentes, según la Fiscalía, que pide un año de prisión y 10 de
inhabilitación.
Se le acusa de haber concedido primero la licencia de obras,
aunque la vivienda proyectada tenía tres alturas cuando lo permitido en
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) eran dos, según la
acusación. Asimismo, también dio permiso para un casetón, habiendo otro
informe negativo del arquitecto-técnico y, finalmente, otorgó la primera
ocupación, sabiendo que no podía darse.
Bolín ha admitido que sabía de la existencia de un informe técnico
contrario al inicio de las obras y ha dicho que dio la primera licencia
a pesar de eso porque "el expediente que me llevan era positivo, por
eso entiendo que los problemas están subsanados". Respecto al casetón,
ha señalado que no recuerda informe negativo y solo tuvo conocimiento
del tema cuando paraliza la obra.
Sobre la licencia de primera ocupación, ha declarado que cuando la
da "hay un informe favorable del técnico competente". No obstante, ha
indicado que no veía el expediente completo y, de hecho, los informes
técnicos no estaban "nunca".
"No me llega el tocho, solo una carpeta con
la propuesta de la licencia de la Unidad Administrativa", ha indicado,
que tenía la función de comprobar los informes.
Ha asegurado que no tenía interés especial en conceder estas
licencias y ha precisado, a preguntas de su defensa, que si había dos
informes en sentido contrario no decidía él qué documento elegir para
hacer la propuesta. Además, ha añadido que si no hubiera firmado estas
licencias, "hubiera prevaricado o me hubieran pedido daños y
perjuicios".
El juicio ha quedado visto para sentencia. El fiscal, que sostiene
que la actuación del entonces regidor fue "parcial, infundada e
improcedente", ha mantenido su peticiones de pena y su acusación; al
igual que la acusación particular, que representa a los propietarios de
una vivienda cercana. Asimismo, la defensa ha sostenido que procede la
absolución de su patrocinado.
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