MÁLAGA.- El Juzgado de lo Penal nº 1 de Málaga
tiene previsto juzgar el próximo lunes al exalcalde de la localidad
malagueña de Benalmádena, Enrique Bolín, acusado por un delito contra la
ordenación del territorio al conceder por decretos las licencias de
obras necesarias para la construcción de una vivienda en contra de las
normas urbanísticas vigentes.
La Fiscalía solicita un año de prisión y 10 de inhabilitación.
Según sus conclusiones iniciales, en mayo de 2004, un particular
solicitó al Ayuntamiento licencia para construir una vivienda, cuya
concesión requería de la presentación de un proyecto técnico y de
informes jurídicos y técnicos sobre la adecuación del inmueble al Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU).
El informe técnico, según señala la acusación pública en su
escrito inicial, fue emitido en
sentido desfavorable por el arquitecto-técnico municipal, "al
incumplirse las previsiones" de uno de los artículos del PGOU, que
señalaba que la altura de la fachada principal y lateral debían ser dos y
se proyectaban tres.
"A pesar de ello", dice el fiscal, el acusado, "conociendo la
disparidad y contrariedad entre lo que se pretendía edificar y la
normativa urbanística", dictó un decreto otorgando la licencia
solicitada. Posteriormente, se presentó otra documentación reformada, en
la que se pedía autorización para aumentar el casetón, sobre lo que el
arquitecto-técnico volvió a emitir otro informe desfavorable.
En esta ocasión, sostiene la acusación pública, además de alegarse
el anterior motivo, también se incumplía otro artículo relativo a los
casetones de escalera, que no pueden destinarse a otra función y en este
caso, además de a caja de escalera se destinaba a sala de máquinas y
climatización. En este caso, el acusado también fue "reiteradamente
instruido y advertido" de la contrariedad.
No obstante, según la Fiscalía, concedió licencia en abril de 2005
"aprobando la modificación de la originariamente otorgada y no
precisamente para subsanar lo ilícitamente autorizado con anterioridad,
sino para permitir la indebida ampliación demandada". Pero, esta
actuación "parcial, infundada e improcedente" del entonces alcalde, dice
el escrito, siguió.
Así, en el escrito se señala que se realizó otro informe
desfavorable por parte del técnico municipal de infraestructuras sobre
la concesión de la licencia de primera ocupación, "concediéndola el
acusado" en un decreto de diciembre de 2006 "siendo sabedor de que la
misma no podía otorgarse por no reunir lo construido los presupuestos
exigibles".
Por estos hechos, se acusa Bolín de un delito contra la ordenación
del territorio y se solicita un año de prisión y 10 de inhabilitación.
Además, se señala que en caso de dictarse una sentencia condenatoria, se
declare nula la licencia otorgada a la mujer solicitante para la
construcción de la vivienda.
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