MÁLAGA.- El artículo 24 de la Constitución establece que todas las personas
tienen derecho a un juicio justo sin dilaciones indebidas. No obstante,
el abogado de la asociación Málaga Acoge, José Luis Rodríguez Candela,
denuncia que los juzgados de lo Contencioso de Málaga fijen ya los
juicios sobre Extranjería para dentro de tres años. Un retraso en el
que, asegura, "se ven afectados derechos importantes y perjudica a una
notable masa humana".
Para aquellos extranjeros a los que se les ha denegado el arraigo o la renovación de trabajo, así como a aquellos a los que se les ha abierto un expediente de expulsión, tres años pueden complicar su situación. Un transcurso de tiempo en el que, según señala Rodríguez, estas personas pueden ser "expulsadas o vivir escondidos sin poder trabajar legalmente, sin poder traer a sus familiares, sin derecho a la asistencia sanitaria (en Andalucía, el SAS ha dado instrucciones para que los inmigrantes ilegales mantengan la cobertura sanitaria) y, en definitiva, malviviendo porque la justicia no actúa debidamente".
Además, Rodríguez hace hincapié en que la reforma legal llevada a cabo hace más de un año para paliar la demora en la sentencia evitando los juicios presenciales no se está cumpliendo. "El recurrente puede pedir que se dicte sentencia sin necesidad de juicio, pero si al final los abogados piden vista esta reforma no sirve de nada", expone. Además, añade, se trata de una situación "injusta" puesto que el "índice de recursos estimados en estos temas es muy alto, y la mayoría paga más de 200 euros por un servicio del que no obtendrá respuesta hasta dentro de tres años".
La ley entiende como dilación indebida a la demora de más de dos meses para la celebración de un juicio, lo que en algunos casos podría extrapolarse a seis como periodo extraordinario que pueda deberse a ciertos retrasos, "pero tres años es insostenible. No podemos tratar una multa con la misma prioridad que los juicios relacionados con temas sociales y que afectan a un colectivo", añade a 'Málaga Hoy'.
Para aquellos extranjeros a los que se les ha denegado el arraigo o la renovación de trabajo, así como a aquellos a los que se les ha abierto un expediente de expulsión, tres años pueden complicar su situación. Un transcurso de tiempo en el que, según señala Rodríguez, estas personas pueden ser "expulsadas o vivir escondidos sin poder trabajar legalmente, sin poder traer a sus familiares, sin derecho a la asistencia sanitaria (en Andalucía, el SAS ha dado instrucciones para que los inmigrantes ilegales mantengan la cobertura sanitaria) y, en definitiva, malviviendo porque la justicia no actúa debidamente".
Además, Rodríguez hace hincapié en que la reforma legal llevada a cabo hace más de un año para paliar la demora en la sentencia evitando los juicios presenciales no se está cumpliendo. "El recurrente puede pedir que se dicte sentencia sin necesidad de juicio, pero si al final los abogados piden vista esta reforma no sirve de nada", expone. Además, añade, se trata de una situación "injusta" puesto que el "índice de recursos estimados en estos temas es muy alto, y la mayoría paga más de 200 euros por un servicio del que no obtendrá respuesta hasta dentro de tres años".
La ley entiende como dilación indebida a la demora de más de dos meses para la celebración de un juicio, lo que en algunos casos podría extrapolarse a seis como periodo extraordinario que pueda deberse a ciertos retrasos, "pero tres años es insostenible. No podemos tratar una multa con la misma prioridad que los juicios relacionados con temas sociales y que afectan a un colectivo", añade a 'Málaga Hoy'.
No hay comentarios:
Publicar un comentario